La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés) solicitó al Gobierno de Estados Unidos, en cabeza del presidente Joe Biden, que se pronuncie de manera “contundente” contra la violencia registrada en Colombia desde el inicio del paro nacional, en especial los abusos policiales, y tome acciones para evitar que esto siga ocurriendo.

“En una carta dirigida al secretario de Estado Antony Blinken, 55 miembros del Congreso pidieron al Gobierno de Biden que denunciara los abusos que se están produciendo y suspendiera la asistencia directa a la policía de Colombia tras los abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, funcionarios del gobierno de Biden han emitido pronunciamientos ambiguos e insuficientes sobre las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en medio de los disturbios”, explicó Wola en un comunicado.

De acuerdo con la organización, “ese silencio del Gobierno estadounidense se da incluso en medio de una solicitud de asistencia extranjera de Colombia emitida el 28 de mayo para 2022, que incluye aproximadamente USD 140 millones en nueva asistencia para la Policía. Wola reitera su llamado para que se suspendan todas las ventas de equipos antidisturbios de Estados Unidos a las fuerzas de seguridad de Colombia, y para que se suspenda la asistencia estadounidense en forma de financiación a la Policía Nacional de Colombia, debido a la alta probabilidad de que dicha asistencia pueda ser utilizada indebidamente mientras las tensiones siguen aumentando”.

Desde que comenzó el paro nacional el 28 de abril de 2021, debido al uso excesivo de la fuerza ejercido por varios miembros de la Policía para reprimir las manifestaciones, grabados en video, diferentes miembros de la comunidad internacional se han manifestado para condenar la violencia ejercida desde la Fuerza Pública y pedirle al Gobierno colombiano que dé garantías a la población para hacer protestas pacíficas.

Ver también: Colombia vive una nueva jornada de movilizaciones en el marco del paro nacional

La ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Unión Europea, el Vaticano y el Gobierno de EEUU, entre otros, han rechazado la violencia policial en Colombia y han pedido acciones al Gobierno colombiano para que cesen las agresiones.

“Para detener la violencia actual, evitar más abusos por parte de la fuerza pública colombiana, lograr justicia para las víctimas y prevenir más daños, el gobierno de Estados Unidos debe adoptar una postura más contundente. De lo contrario, los avances en materia de seguridad y otros progresos observados en el marco de los acuerdos de paz de 2016 se debilitarán aún más”, indicó Wola.

Con corte al 30 de mayo, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo mantienen un “mecanismo de búsqueda urgente” para encontrar a 111 personas reportadas como desaparecidas durante las jornadas de protesta.

Además, la Fiscalía estableció 48 muertes registradas desde el 28 de abril. 20 están relacionadas directamente con las protestas, 19 no tienen relación y nueve están en proceso de verificación, mientras que el Ministerio de Defensa ha reportado 2.300 heridos y 26 civiles y 2 policías muertos en el marco de las protestas.

Organizaciones defensoras de derechos humanos como ONG Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportan, según su último balance divulgado el 28 de mayo, 3.405 casos de violencia policial, incluidos 43 homicidios de civiles a manos de agentes (27 casos están en proceso de verificación), 1.445 detenciones arbitrarias, 47 víctimas de agresiones en sus ojos, 22 víctimas de violencia sexual y 175 casos de disparos de arma de fuego, todo esto por parte de uniformados.