Por: Diego Carranza

Además de la preocupación en Colombia por el alto número de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, hay otra situación que genera inquietud ante la opinión pública y es la “minimización” y el “desconocimiento” de algo que está ocurriendo en el país.

Así lo advirtieron dos ONG colombianas, al referirse al pronunciamiento que hizo Hernando Londoño, director (e) desde el 1 de enero de este año del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), quien afirmó en una entrevista con el diario El Espectador que los “líderes de sustitución de cultivos no han sido asesinados”.

Camilo Rodríguez Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), rechazó las declaraciones de Hernando Londoño y aseguró que con esto se trata de “minimizar la gravedad de la situación, no solamente para los líderes, sino para las comunidades enteras”.

Según los datos de Indepaz, Desde la firma del acuerdo de paz (en noviembre de 2016) a la actualidad, se tiene registro de 85 líderes asesinados por temas relacionados con sustitución de cultivos, y se están verificando otros tres casos de Putumayo, lo que podría elevar la cifra a 88.

“Este año ya hay dos casos, que han sido anunciados por las organizaciones, y otros tres que están por confirmar. El año pasado (2019) fueron 16 asesinados en este tema de cultivos”, dijo Rodríguez.

El presidente de Indepaz alertó por ejemplo la situación del Putumayo, donde “se han presentado las situaciones más graves este año”, por la “clara ofensiva en contra de las comunidades y sus líderes”, debido al accionar de grupos armados relacionados con el narcotráfico, como los llamados 'Sinaloa', un grupo residual de las Farc encabezado por un hombre de alias 'Sinaloa', quien fue asesinado en conflictos internos; y la 'Constru', un viejo grupo que ha mantenido el control del narcotráfico en la zona por más tiempo.

La pelea entre estas dos bandas, así como las incursiones del grupo disidente Gentil Duarte, son una “agresión permanente” para las comunidades.

Para controvertir lo dicho por Londoño, Rodríguez Posso mencionó el caso de Gloria Ocampo, lideresa social de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la aldea de La Estrella, en el municipio de Puerto Guzmán. Según la Policía local, el homicidio de Ocampo, ocurrido el 7 de enero de 2020, estaría relacionado con su defensa de la erradicación de cultivos ilícitos.

También habló del asesinato, el jueves 9 de enero, de Julio César Sandoval, un líder social del municipio de Tibú (Norte de Santander) y miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) y del movimiento Marcha Patriótica.

“Son un despropósito las declaraciones del director del PNIS, que trata de desconocer la gravedad de la cosa", afirma González.

En la entrevista, el director del PNIS también afirmó que tenían conocimiento de uno o dos casos de 2019 de personas que habrían sido asesinadas porque cobraban a sus comunidades un porcentaje de lo que les transfería el Estado de asistencia alimentaria inmediata y que “estar en la Coccam puede ser cualquiera, no necesariamente líder”.

Sobre el primer punto, el presidente de Indepaz dijo que esto una forma de “re victimización y estigmatización de las personas asesinadas. No pueden justificar ninguna muerte de esa manera. Como quien dice, fue por orden de la misma comunidad. Es absurdo”, indicó.

Y sobre el segundo, indicó que la calificación de líder social la da la propia organización o comunidad. Pero -añade- lo que pasa “es que muchos de los campesinos que están siendo asesinados, no es por asuntos personales, es porque la comunidad está comprometida con una política de sustitución, por el liderazgo del conjunto de la comunidad”.

“(Londoño) en lugar de decir que es gravísimo, lo minimiza”, lamenta.

Indepaz tiene una lista nombre por nombre de personas asesinadas por este motivo, aunque está actualizándola porque en 2020 hay tres casos por confirmar.

El subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) Ariel Ávila, también opinó al respecto y afirmó que lo dicho por el titular del PNIS “contrasta con los datos de todas las instituciones, incluida la Defensoría del Pueblo, que ha dicho que la mayoría de líderes asesinados son miembros de JAC que se oponen a economías ilegales, y que esa oposición generalmente es la promoción de sustitución de dichas economías”.

“Eso incluye el PNIS. Es contraevidente... es una gran mentira lo que dice el señor Londoño. Además, es una cosa estúpida pensarlo, si la mayoría de los líderes sociales han caído en zonas de economías ilegales”, advirtió Ávlia.

Ávila también se refirió al debate respecto a quién es o no un líder social, y declaró que lo señalado por el director del Programa de Sustitución es “desconocer” la declaración de las Naciones Unidas sobre defensores de DDHH, así como tratados internacionales en materia de derechos humanos que ha firmado Colombia.

“Es muy claro en esa declaración de la ONU, que dice que un líder no necesariamente es quien es jefe, director, gerente de una organización social, o dirigente de una organización comunitaria. Líder social es cualquier persona que ejerza una defensa de derechos y que se le reconozca en la comunidad. Entonces, otra vez, el señor lo que está demostrando es su gran ignorancia frente al tema”, subrayó el analista.

Adicional a lo expresado por Rodríguez Posso y Ávila, Arnobis Zapata, vocero nacional de la Coccam y presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), le aseguró a Colombia 2020 que dichas organizaciones han registrado al menos 56 casos de líderes de sustitución exterminados.

Finalmente, los datos de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) también contradicen la afirmación de Londoño.

Según las cifras que tiene la CCJ de nombre, fecha, lugar y organización de los líderes y lideresas del PNIS asesinados, entre diciembre de 2016 y enero de 2020, se han registrado 84 crímenes: Antioquia, 21 casos; Cauca, 20; Nariño, 15; Córdoba, 7; Valle del Cauca, 6; Putumayo y Caquetá, 4 asesinatos cada uno; Norte de Santander, con 3 casos; y Bolívar y Meta, con dos crímenes cada uno.