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OIT exige a Venezuela dejar de atacar a empleadores y trabajadores

Más de 30 empleadores no afines al Gobierno denunciaron actos de violencia, agresiones, persecución, acoso por parte de agentes estatales.

Susana Patricia Noguera Montoya  | 05.10.2019 - Actualızacıón : 05.10.2019
OIT exige a Venezuela dejar de atacar a empleadores y trabajadores (Mehmet Ali Özcan - Archivo Agencia Anadolu)

BOGOTÁ, Colombia

Venezuela debe cesar inmediatamente todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra manera de agresión contra las organizaciones de empleadores y trabajadores no afines al Gobierno, dictaminó el órgano ejecutivo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La organización hizo la declaración luego de que 33 empleadores venezolanos denunciaran acoso, violencia, agresiones, persecución y una campaña para desprestigiar a sindicatos y empleadores opuestos al gobierno de Nicolás Maduro.

La queja alega, en particular, actos de violencia, otras agresiones, persecución, acoso y una campaña para desprestigiar a la organización de empleadores Fedecámaras, incluidos sus líderes y afiliados, así como injerencia de las autoridades, falta de consulta tripartita y exclusión del diálogo social.

El informe elaborado por una Comisión del Consejo de Administración señaló prácticas de favoritismo o promoción de organizaciones paralelas y de discriminación, suplantación e injerencia en las actividades de las organizaciones de empleadores y trabajadores no afines, e injerencia en las relaciones entre empleadores y trabajadores.

El informe de la OIT da recomendaciones como promover “el respeto de la libertad sindical como base de un diálogo tripartito para la reconciliación nacional, el desarrollo económico sostenible y la justicia social”.

Plantea la necesidad de tomar las medidas necesarias para asegurar la existencia de un clima desprovisto de violencia y amenazas, así como persecución, estigmatización, e intimidación, y pide la liberación inmediata de todo empleador o sindicalista que esté en prisión en relación con el ejercicio de las actividades legítimas de sus organizaciones.

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