ESTAMBUL

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el turco Volker Türk, advirtió este viernes que la decisión del Gobierno de Reino Unido de proscribir al grupo de protesta Acción Palestina bajo la legislación antiterrorista genera serias preocupaciones de que las leyes antiterroristas se estén aplicando a conductas que no son de naturaleza terrorista y corren el riesgo de obstaculizar el ejercicio legítimo de las libertades fundamentales en todo el país.

En un comunicado, Türk recordó que la legislación antiterrorista de Reino Unido define los actos terroristas de forma amplia, incluyendo los «daños graves a la propiedad». Sin embargo, prosiguió Türk, según las normas internacionales, los actos terroristas deberían limitarse a los actos delictivos destinados a causar la muerte o lesiones graves, o a la toma de rehenes, con el fin de intimidar a la población o de obligar a un gobierno a tomar o no una determinada medida, y avisó que “se abusa de la gravedad y el impacto del terrorismo para expandirlo más allá de esos límites claros y abarcar otras conductas que ya son delictivas según la ley”.

Türk afirmó que la decisión “parece desproporcionada e innecesaria” y “limita los derechos de muchas personas involucradas y que apoyan a Palestine Action, quienes no han participado en ninguna actividad delictiva subyacente, sino que han ejercido su derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación”. Por lo tanto, parece constituir una “restricción inadmisible” de dichos derechos, contraria a las obligaciones de Reino Unido en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, explicó.

“La decisión también confunde la expresión protegida y otras conductas con actos de terrorismo, por lo que fácilmente podría conducir a un mayor efecto paralizante sobre el ejercicio legítimo de estos derechos por parte de muchas personas”, agregó.

En este sentido, Türk instó al Gobierno de Reino Unido a revocar su decisión y a detener las investigaciones y los procedimientos contra los manifestantes arrestados en virtud de esta prohibición. También instó al Gobierno a revisar su legislación antiterrorista, incluida su definición de actos terroristas, para armonizarla plenamente con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.