Nueva Zelanda concentró recursos inapropiados para enfrentar amenazas de terrorismo islamista

El informe de la comisión de Nueva Zelanda que investiga el atentado de Christchurch apunta a “una concentración inapropiada de recursos antiterrorismo ante la amenaza del terrorismo extremista islamista” antes del atentado del 15 de marzo de 2019.

Se destinaron “recursos muy limitados” para comprender otras amenazas terroristas antes de que Brenton Tarrant, un supremacista blanco australiano de 29 años, atacara dos mezquitas en la ciudad de Christchurch, matando a 51 personas e hiriendo a decenas más, según el informe de casi 800 páginas que fue hecho público luego de 20 meses de investigación.

Tras la publicación del informe, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció que su Gobierno acordó implementar las 44 recomendaciones de la comisión y pidió el apoyo de todos los partidos políticos, según el diario New Zealand Herald.

Antes del atentado

El informe, de cuatro volúmenes y dividido en 10 capítulos, describe a Tarrant como un “actor solitario” que “no necesitaba involucrar a otros o depender de ellos para llevar a cabo sus planes”.

“El terrorista, el individuo [Tarrant] intentó mantener la seguridad operativa durante un período sostenido y pudo financiar sus actividades con sus propios recursos”, así mismo, planeo y preparó el ataque durante los años anteriores.

No obstante, el informe indica que incluso si se hubieran dedicado “recursos sustanciales adicionales” a otras amenazas, incluidas las de la extrema derecha, habría sido “muy poco probable” que las actividades del terrorista hubieran sido descubiertas por los órganos pertinentes de lucha contra el terrorismo que operaban “en gran medida de forma independiente”.

La única información disponible sobre el terrorista para las agencias de seguridad públicas era un correo electrónico que el autor del atentado envió al Servicio Parlamentario del país justo antes del ataque.

Aun así, el Servicio “actuó de manera adecuada”, a pesar de que no hubo interacciones al respecto con otros organismos públicos, al mismo tiempo que no había otra información disponible que pudiera haber alertado de antemano a los funcionarios sobre el atentado.

“No hubo fallas en el intercambio de información entre las agencias relevantes del sector público”, asegura el informe.

Reflexión tras el atentado

El terrorista fue impulsado por una “ideología islamófoba de extrema derecha. Su propósito era promover el caos y la discordia en Nueva Zelanda”, afirman los comisionados William Young y Jacqui Caine en el informe.

“Este objetivo falló. En los días, semanas y meses que siguieron, los neozelandeses se unieron en torno a los afectados y se pronunciaron contra el racismo, el extremismo y la violencia extremista. Hubo un período de reflexión nacional sobre nuestros valores comunes, nuestras vidas colectivas y lo que significa vivir en Nueva Zelanda”, agregaron.

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Recomendaciones

El informe insta al Gobierno a consultar con las familias afectadas por el ataque terrorista, así como con los testigos y sobrevivientes “qué procesos de justicia restaurativa desearían que se implementaran y cómo se podrían diseñar y dotar de recursos tales procesos”.

Así mismo, el informe pide al Gobierno que dirija a los organismos públicos y organizaciones no gubernamentales pertinentes, incluidas las que se ocupan de la inmigración, la aplicación de la ley y la justicia, para que trabajen juntos con el fin de “facilitar el acceso coordinado al apoyo continuo de la recuperación” de los afectados.

Tarrant, que llegó a Nueva Zelanda en 2017 y vivía en la ciudad de Dunedin, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional el pasado mes de agosto, en la primera sentencia de este tipo que se haya dictado en el país.

*Traducido por Daniel Gallego.