Nicaragua: confiscan bienes de la organización dirigida por Ana Quirós

Tres días después de que el gobierno de Daniel Ortega despojara a la feminista Ana Quirós de su nacionalidad nicaragüense y la expulsara hacia Costa Rica, el Parlamento ordenó este jueves confiscar los bienes de la organización que ella dirige: el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS).

La Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista, también canceló la personería jurídica de CISAS. Los legisladores oficialistas ordenaron que los bienes y acciones que pertenecen a la ONG “deberán ser entregados al Estado de Nicaragua” previa liquidación.

La decisión de la bancada sandinista es interpretada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) como una represalia contra organismos de la sociedad civil que han denunciado la represión policial, paramilitar y judicial desde el mes de abril, cuando estallaron las protestas contra el gobierno de Ortega y Rosario Murillo.

“Condenamos la cancelación de la personalidad jurídica de CISAS y la confiscación de sus bienes, proceso arbitrario que violenta derechos y garantías establecidas por Ley”, dijo Vilma Núñez, presidenta del Cenidh. “Se trata de una escalada represiva del régimen Ortega-Murillo contra organismos de Derechos Humanos en Nicaragua”, agregó.

Ana Quirós, nacida en Costa Rica y nacionalizada nicaragüense desde hace 20 años, es una prominente activista feminista que ha estado involucrada en diferentes luchas sociales y políticas.

Durante las protestas, iniciadas en abril, Quirós fue de las primeras agredidas con brutalidad por las turbas del Gobierno. Desde ese día, estuvo involucrada en la resistencia contra el gobierno de Ortega y denunció lo que ella considera como “violaciones a los derechos humanos”.

De acuerdo con el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, presidente de la Comisión de Gobernación en el Parlamento, “CISAS y sus integrantes desnaturalizaron el objetivo de la personalidad jurídica dedicándose a la realización de otras actividades no previstas en sus fines y objetivos para lo cual se constituyó ese organismo como persona jurídica sin fines de lucro”.

La confiscación de los bienes de CISAS es un recuerdo nefasto para los nicaragüenses. En la época de los ochenta, durante el primer gobierno sandinista, las expropiaciones condujeron a una severa crisis económica que llevó a la bancarrota al país. Ese proceso derivó en la llamada “piñata” de 1990, cuando los líderes revolucionarios se repartieron las propiedades confiscadas.

“La confiscación de los bienes de CISAS sienta un gravísimo precedente. Ninguna propiedad privada puede estar segura ya en Nicaragua con ese procedimiento que se sacó la Asamblea Nacional: ‘Pásese a poder del Estado los bienes…’”, lamentó Fabián Medina, escritor y periodista.

De acuerdo con los movimientos feministas, la represión contra Quirós y CISAS devela la nueva etapa de la represión del gobierno de Daniel Ortega: está “dirigida” contra organismos de la sociedad civil y periodistas independientes.

La mañana de este martes se conoció que el Ministerio de Gobernación citó a una reunión a la directiva del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), el principal centro de pensamiento de Nicaragua.

El 28 de septiembre, la Policía allanó las instalaciones del IEEPP bajo el argumento de que el director de este organismo, el politólogo Felix Maradiaga, ha “financiado el terrorismo y el golpe de Estado contra el gobierno del comandante Daniel Ortega”. Actualmente, Maradiaga está en el exilio, ya que contra él pesa una orden de captura.