Nestora, la indígena mexicana que peleó contra el narco, las mineras y el gobierno

Por: Alejandro Melgoza Rocha

La primera enseñanza que reciben los indígenas mexicanos nacidos en la región de La Montaña, estado de Guerrero, es lo que les regala y les quita la tierra, lo que nace y muere en ella, las temporadas en las que se trabaja, y las heridas en sus manos.

A las hijas y los hijos de La Montaña se les regala la orquesta de las aves, el aroma que se levanta de la tierra cuando llueve y los frondosos árboles.

Pero en la última década, nacer en el seno montañoso guerrerense también significa caminar por campos mortíferos y desiguales. Significa ataques del narcotráfico, despojos de las mineras, criminalización a los indígenas y discriminación.

Y todo ello se acentuó en el país desde que el expresidente conservador, Felipe Calderón, declaró la guerra contra el narcotráfico en 2007.

Desde ese año, a nivel nacional, se registraron alzas históricas en todos los delitos. Por ejemplo, en ese periodo presidencial se registraron 103.537 homicidios dolosos, mientras que en el periodo anterior hubo 74.389, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP).

En la actualidad Guerrero tiene la cifra más alta de este crimen en el país y la referencia más conocida en el mundo son los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014.

En ese antes y después, nació y creció Nestora Salgado, de raíces indígenas y reconocida nacional e internacionalmente por comandar a Olinalá, comunidad integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), basada en usos y costumbres.

A partir de ese momento implementó medidas de seguridad y denunció la colusión entre el gobierno, el crimen organizado y las mineras, lo que derivó, meses después, en que la justicia lanzara investigaciones apócrifas en su contra, para encerrarla en la cárcel casi un trienio.

Ahora, después de ser amenazada, volvió al país, a Ciudad de México, desde donde aspira a una curul con en el Congreso con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido de izquierda que dirige el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Desde allí habló con la Agencia Anadolu.

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En la comunidad indígena de Olinalá, ubicada en la región de La Montaña, los pobladores subsisten con los recursos naturales que los rodean. La madera la usan para sus herramientas, leña, casas y los cultivos donde siembran maíz y frijoles.

Aquí la sangre que corre entre los pobladores es de indígenas tlapanecas, ubicados desde hace siglos en la Sierra Madre del Sur y la Costa de Guerrero.

En esta parte nació Nestora, una mujer de 46 años, de baja estatura y ojos café claros, quien desde su infancia “siempre estuvo en contra” de la discriminación a los indígenas, los campesinos y los pobladores de La Montaña.

A los 18 años dejó su pueblo en busca de nuevas oportunidades y se fue hacia los Estados Unidos, cruzando de manera ilegal, debido a las condiciones de pobreza, ya que no tenía suficiente dinero para mantener a su familia.

Una situación de pobreza que sigue latente en Guerrero, que está entre los tres estados más pobres del país, según las estadísticas oficiales del Coneval.

En EEUU, Nestora trabajó con comunidades latinas y movimientos sociales; después colaboró con Ángeles de la Frontera, una asociación que registra a los migrantes que mueren o son secuestrados en el trayecto.

En ese lapso de su vida –narra con su acento que se conjuga entre ese español indígena de La Montaña y el inglés de los EEUU- ayudó a los indígenas del sureste mexicano que no hablaban español, así como a los migrantes latinos que no tenían asesoría jurídica, alimentos ni albergues.

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En el año 2012 Enrique Peña Nieto ganó la presidencia y, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el mandato de Calderón se registraron 103.537 expedientes por el delito de homicidio doloso en los ministerios públicos del país.

Nestora regresó en ese año y encontró cambios, pero “no para bien”. La desigualdad que palpó décadas atrás ahora era más evidente, mientras las organizaciones criminales sofocaban al pueblo con extorsiones, robos y secuestros.

Por eso, con su experiencia como activista, comenzó a organizar a la comunidad de Olinalá y se sumaron a la CRAC-PC, bajo la Ley 701 del estado de Guerrero, la cual prevé el reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas.

La organización de estas comunidades se logra mediante Casas de Justicia, avaladas por asambleas de la región y, a su vez, por los policías comunitarios, quienes son aprobados por los barrios.

La policía comunitaria es un modelo de auto organización indígena en la procuración de justicia, en el que no se permite la intervención de ninguna autoridad (municipal, estatal y federal).

Una vez elegidos, portan un uniforme con gorra verde olivo y utilizan armas viejas como escopetas, propias de las rancherías.

“No somos grupos armados, ni paramilitares, no tenemos vínculos con guerrillas, la policía comunitaria es reconocida. Nació por una necesidad: la necesidad de sobrevivir”, puntualiza.

Con el correr de los meses, se redujeron los crímenes, según la excomandante de la CRAC-PC de Olinalá, quien añade que eso “nunca” lo logrará el gobierno mexicano porque tiene “vínculos con el narcotráfico”.

No obstante, el crimen organizado no fue el único problema. Nestora se percató de que las montañas se quedaban vacías porque las empresas trasnacionales, principalmente las mineras, derribaban árboles y además intimidaban a la población.

Poco importó que la ley estableciera que al ser un pueblo originario este debiera ser consultado, ya que las mineras obtenían los permisos de las autoridades.

“Las matanzas en contra de CRAC-PC han sido precisamente por la incomodidad que para ellos representamos”, dice Salgado.

Entre las tensiones con el crimen organizado, las empresas y el gobierno, para el 21 de agosto del 2013, la Procuraduría General de la República la acusó a ella y a otros policías comunitarios de cometer 50 secuestros.

Sin embargo, el fiscal y los testimonios no acreditaron las acusaciones, y aun así, se le vinculó al proceso.

En aquel año, la ONU exigió su liberación al considerar que su detención había sido ilegal y arbitraria, mientras la CIDH ordenó su protección. A su vez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) denunció que se violaron sus derechos, por lo cual hizo recomendaciones al Estado mexicano.

“Nos quisieron encarcelar y callar porque le estábamos demostrando al sistema que cuando se quiere trabajar, sí se puede. Lo demostró Olinalá”.

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El 18 de marzo de 2016 Nestora fue liberada, luego de que su defensa comprobara que las acusaciones estaban “fabricadas” por las autoridades y tras una campaña nacional e internacional alrededor de su caso.

En la cárcel, narra Salgado, aprendió que los procesos de diversos reos son “amañados”, y luego, al salir, eran tales las amenazas contra su vida que regresó a EEUU, donde actualmente tiene su residencia en Renton, Washington.

En febrero de este año, el partido Morena anunció en la Asamblea Nacional que ella sería una de sus candidatas al Senado.

Para tomar esa decisión, ella consultó antes a su pueblo, organizaciones y activistas. “¿Sirve que Nestora esté en el Senado?”, les preguntó. “Y cuando ellos dijeron ‘sí sirve, es un espacio que tenemos que utilizar’, es por eso que acepté”, relata.

Sin embargo, las amenazas del pasado resurgieron con esta decisión, así como las descalificaciones, una de ellas por parte del candidato presidencial del PRI -el partido gobernante que superó la estadística de homicidios dolosos del periodo anterior con 105.127 hasta abril de este año-, José Antonio Meade.

“Desde que hice público que aceptaba la candidatura al Senado, he tenido varias amenazas. Ya lo hemos denunciado ante el Instituto Nacional Electoral, no quise presentar ante la Procuraduría porque no tiene caso; ellos son los mismos que nos han perseguido, fabricado delitos”, denuncia Salgado.

Ahora, como candidata a senadora en Morena, Nestora señala que los ejes de su agenda son los derechos humanos, en especial de indígenas, campesinos, migrantes y presos políticos, debido a que estos grupos están en el “abandono”.

Ella también es indígena, migrante y también fue presa política, y en cada una de estas facetas emprendió una batalla. Hoy, a dos meses de la elección del 2 de julio, debe realizar la campaña en su estado natal y regresar como hija de La Montaña, justo en esta temporada en la que la tierra da sus brotes, sus mechones verdes.

“Si voy a dar la batalla, si estoy sacrificando hasta la vida, es por el amor que le tengo a la gente indígena, no a los delincuentes en sus oficinas que están como presidentes”.