Migración Colombia expulsó este lunes a 59 ciudadanos venezolanos que según los reportes entregados por la Policía, estarían realizando “una serie actividades que podrían en riesgo el orden público y la seguridad nacional”, indicó la entidad.

Las personas serán trasladadas en un avión de la Fuerza Aérea de Colombia hasta el municipio de Puerto Inírida, en el departamento de Guainía, en donde abordarán un buque de Armada Nacional que los transportará hasta San Fernando de Atabapo, lugar en donde se entregarán a las autoridades venezolanas.

El Director General de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, indicó que la expulsión se hizo para de mantener el orden y la seguridad en el país, así como preservar la imagen de aquellos venezolanos que no han cometido crímenes y se encuentran trabajando en nuestro país.

“No vamos a permitir que ningún ciudadano extranjero afecte nuestra tranquilidad. Hemos respetado su participación dentro de las marchas. Les hemos tendido la mano a aquellos, que como el pueblo venezolano, lo han necesitado. Pero lo que no vamos a tolerar, es que un grupo de desadaptados venga a afectar la seguridad de nuestras ciudades, generando, de paso, brotes de xenofobia, con estas acciones, ya que dañan el nombre de aquellos venezolanos vienen trabajando por un mejor país", afirmó Krüger Sarmiento.

La deportación de los ciudadanos venezolanos generó reacciones de la sociedad civil. Un grupo de abogados de la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario, la Universidad de Antioquia, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de La Guajira, la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos y el Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica y el Caribe rechazaron a través de una carta la detención de uno de los ciudadanos venezolanos argumentando que era injusta.

El caso que generó la polémica fue el de Miguel Ángel Calderón, en situación migratoria regular y con esposa e hija colombianas. La Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, que asumió el caso, indicó que Calderón fue detenido luego de estar grabando una manifestación con su celular y duró más de 36 horas en el Centro de Traslado por Protección (CTP) de la localidad de Puente Aranda, “sin que le fuera notificado en ningún momento el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio en su contra”.

Los abogados presionaron a las autoridades y lograron detener el traslado de Miguel a la frontera y bajarlo del avión donde estaba a punto de ser trasladado.

En su carta, el grupo de abogados de las prestigiosas universidades criticaron el comunicado y el video publicado este lunes por Migración Colombia informando las deportaciones. Argumentaron que “hace afirmaciones sospechosas en contra de la población venezolana, sin ningún tipo de soporte, contribuyendo a la construcción de una atmósfera de xenofobia y sospecha contra las personas migrantes”.

Añadieron que, en el caso de Miguel Ángel, no solo se afecta a una persona nacional venezolana, sino a una mujer y una niña, ambas colombianas, “a quienes se está exponiendo públicamente. Además, se les pone en una situación de mayor vulnerabilidad, dado el clima de zozobra y sospecha que con este tipo de comunicados se está creando”, indicaron los expertos en la carta firmada.

Entre otras peticiones, los abogados hicieron un llamado “enérgico” al uso “cauteloso y respetuoso de los documentos e imágenes” de los expedientes administrativos. Advirtieron que “su divulgación irresponsable puede poner en riesgo la vida y la integridad de las personas involucradas y de sus familias”.