Michelle Bachelet asegura que el 'Estado de derecho en Nicaragua sigue deteriorándose'

La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, aseguró ante el Consejo de Derechos Humanos que el “Estado de Derecho en Nicaragua sigue deteriorándose” y que las restricciones que impone el Gobierno de Daniel Ortega continúan.

Durante la presentación del último informe preparado por su oficina, la expresidenta chilena afirmó que la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua, desatada en abril 2018 y que dejó cientos de muertos, heridos y detenidos por la Policía, “se ha exacerbado por los daños causados tanto por la pandemia de la COVID-19 como por los huracanes Eta y Iota”.

El país tiene previstos unos comicios generales el próximo 7 de noviembre para elegir presidente, vicepresidente y 90 diputados al Parlamento unicameral.

En dichas elecciones, la oposición busca arrebatarle el poder a Ortega, que cuando culmine su actual mandato habrá completado más de 20 años de gobierno (15 consecutivos) y por lo menos 40 en la política nacional desde que la revolución sandinista puso a fin al régimen de Anastasio Somoza, en 1979.

“Mientras Nicaragua se acerca a las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, el Estado de derecho sigue deteriorándose”, dijo Bachelet, al agregar que “la adopción reciente de varias leyes contrarias a los derechos a la libertad de asociación, expresión, la participación política y las garantías al debido proceso, constituye un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático”.

La oficina de DDHH de la ONU ha registrado 117 casos de acoso y amenazas por parte de agentes de la Policía o elementos progubernamentales en contra de estudiantes, campesinos, y activistas.

También ha documentado 34 casos de criminalización y campañas de desprestigio contra medios de comunicación y periodistas considerados como “opositores”.

Michelle Bachelet volvió a pedirle al Gobierno nicaragüense que ponga fin, “de inmediato, a las detenciones arbitrarias, a las restricciones indebidas a la libertad de circulación, a las amenazas y otras formas de intimidación contra las personas que participan en reuniones pacíficas u otras actividades políticas”.

Además instó a las autoridades a establecer un diálogo genuino e inclusivo con todos los sectores para allanar el camino hacia unos comicios “transparentes”, y pidió que se permita a su oficina acceder al país para monitorear los derechos humanos en el contexto electoral.

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“Es crucial que se adopten las reformas necesarias para garantizar elecciones libres, justas y transparentes”, concluyó.

La expresidenta chilena recalcó que Daniel Ortega “no ha reconocido la responsabilidad del Estado por las múltiples violaciones de derechos humanos, incluidos homicidios y detenciones arbitrarias, cometidas desde abril de 2018”.