México: la batalla judicial detrás del aeropuerto de AMLO

Por: Alejandro Melgoza Rocha

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció este jueves el inicio de las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía en una base militar del estado de México, luego de que su Gobierno sostuviera varios rounds ante los tribunales federales con organizaciones de la sociedad civil, compuestas por el colectivo “No más derroches”.

Este colectivo nació en junio pasado con el fin de evitar la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM), argumentando que ese proyecto estaba avaluado en su primera etapa en USD 13.000 millones y al momento en que fue detenido por el Gobierno de López Obrador, se habían invertido USD 6.000 millones.

Según dijo el colectivo en un comunicado, la “cancelación injustificada” costó cientos de miles de millones de pesos a los mexicanos, causando la “desaparición” de 46 mil empleos directos y la “pérdida de certeza jurídica y confianza” con empresas inversionistas nacionales e internacionales del megaproyecto que iba a ser acabado en 2024.

Conformado por las organizaciones Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo General de la Abogacía Mexicana, entre otros, interpusieron en aquel momento 147 amparos con el fin de que el Poder Judicial de la Federación revisara la legalidad de la cancelación del NAICM y se asegurara de que Santa lucía tuviera los dictámenes ambientales necesarios.

Pero esa lluvia de cientos de amparos se diluyó este miércoles por la noche, cuando la Coparmex confirmó en un comunicado que el último de sus amparos -en el que se había otorgado la suspensión contra la construcción de Santa Lucía- fue revocado por un juzgado federal. Aun así, antes de la confirmación, el presidente López Obrador ya había anunciado su evento inaugural de hoy jueves.

Por lo anterior, el colectivo “No más derroches” emitió un comunicado donde precisó que con el inicio de las construcciones sin los requisitos legales se incurre en irregularidades, derroche de recursos públicos y se pone en riesgo la vida de quienes transiten Santa Lucía en un futuro, así como de las comunidades aledañas.

Las organizaciones puntualizaron que continuarán con los amparos para que ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación los revise.

Por su parte, el titular de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Claudio X. González Guajardo, escribió un tuit en la madrugada de este jueves: “Seguiremos luchando, en este y otros casos, para que en México prevalezcan el estado de Derecho, el respeto irrestricto a los derechos humanos y un uso eficaz y honesto de los recursos de los mexicanos”.

González Guajardo - hijo de Claudio X. González Laporte, uno de los empresarios más ricos del país, quien preside el Consejo de Administración de Kimberly Clark de México - ha sido también criticado por el Gobierno mexicano. El pasado 24 de septiembre, López Obrador ironizó en sus habituales conferencias de prensa, llamadas “mañanera", que uno de sus adversarios era la organización “Mexicanos a favor de la corrupción”, parafraseando el nombre de la organización.

“Una asociación que dirige Claudio X. González y adversarios nuestros, que se han dedicado a sabotearnos legalmente, que promueven amparos contra las obras, no quieren que hagamos nada, están molestos y quieren que siga el mismo régimen de corrupción”, apuntó López Obrador.

Tire y afloje

Una semana antes, cuando todavía estaba frenada la obra y el Gobierno mexicano había ganado el primer round en un tribunal federal, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) anunció la suspensión del magistrado Jorge Camero Ocampo, quien se encargó de revisar las suspensiones contra el aeropuerto de Santa Lucía.

Camero Ocampo primó durante la revisión de los amparos las posibles afectaciones ambientales y la ausencia de consulta a las comunidades aledañas a la base militar.

Según la CJF, en representación del ministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, la decisión de suspender al magistrado del Primer Circuito se debía a “inconsistencias graves” en sus finanzas.

Al día siguiente, López Obrador continuó agregando más detalles en conferencia de prensa, pues reveló que presuntamente se había detectado un depósito de MXN 80 millones en la cuenta del magistrado.

Desde el CJF anunciaron un “acuerdo” con el fin de terminar con la corrupción y el nepotismo dentro del Poder Judicial.

De igual manera, en esa misma semana renunció el ministro Eduardo Medina Mora, vinculado políticamente al expresidente Enrique Peña Nieto. El columnista Salvador García Soto informó en el diario El Universal que había investigaciones en su contra por lavado de dinero desde la Unidad de Inteligencia Financiera. Posteriormente el Senado mexicano avaló la salida de Medina Mora.

Con un espacio faltante en la Suprema Corte, el presidente enviará una terna, sin que hasta el momento haya anunciado una fecha y con su aprobación, se convertiría en el tercer miembro de esa corporación propuesto por López Obrador, de tal manera que necesitaría proponer a uno más para que nombrados por AMLO sean mayoría.

Dicha terna ha sido criticada por 27 organizaciones nacionales y extranjeras, así como cientos de académicos, quienes enviaron una carta el pasado 8 de octubre después de la renuncia del exmagistrado Medina Mora, con el fin de que se establezca un mecanismo de preselección que garantice "independencia, autonomía e imparcialidad" dentro de la Suprema Corte, y de esta manera incluya recomendaciones de la sociedad civil.