Más de un centenar de chilenas buscan reivindicar sus derechos tras haber consumido anticonceptivos defectuosos

Por: Camila Moreno Camargo

Por ahora son 111 chilenas, pero pueden ser más, las que se han acercado a la Corporación Miles para pedir asesoría luego de que consumieran, quién sabe cuántas veces ni por cuánto tiempo, pastillas anticonceptivas defectuosas que el sistema de salud pública de Chile ha repartido desde 2019. Ellas no sabían que el medicamento estaba defectuoso, los consumieron como método de planificación familiar convencidas de que se estaban cuidando de un embarazo no deseado y, aun así, quedaron encinta.

El problema con dichos anticonceptivos se dio en el momento de su envase, cuando los laboratorios que los producen pusieron cada pastilla en el blíster. Los anticonceptivos orales que distribuye el Estado chileno constan de dos tipos de píldoras: 21 que tienen el medicamento y ocho placebo, que no tienen ningún tipo de carga hormonal.

Las pastillas placebo siempre van al final del ciclo hormonal, pues su función es simplemente que la mujer que las está tomando no pierda la costumbre de ingerir una píldora diaria hasta que comience de nuevo el tratamiento.

En este caso, un número todavía indeterminado de blísteres -se calcula que fueron más de 260.000- llegaron a las manos de las pacientes con las píldoras placebo en el lugar equivocado del empaque: en vez de estar al final del ciclo hormonal estaban al comienzo, y al tomarlas en ese orden se anuló el efecto anticonceptivo de las pastillas y se generó un escape ovulatorio de las mujeres.

Si bien el Gobierno chileno se dio cuenta del error y decidió retirar los anticonceptivos Anulette CD del mercado, el 8 de septiembre de 2020 revirtió la decisión y, por medio de una resolución, decidió dejar en manos de las personas que entregaban los medicamentos la responsabilidad de mirar si los blísteres tenían empacadas las pastillas de manera correcta o errada y, dependiendo de ello, entregarlas o no a la paciente.

En ese momento, la Confederación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de Salud Municipal (Confusam) publicó en su página web un comunicado asegurando que la organización “manifestó su rechazo, mediante una carta dirigida al ministro (de Salud), Enrique Paris, contra la medida dispuesta por el Ministerio, que ordenaba la entrega de los anticonceptivos Anulette a usuarias de la Atención Primaria bajo exclusiva responsabilidad de las y los funcionarios de la Salud Municipal”. Posteriormente, y también por problemas de composición, se retiraron del mercado las marcas de anticonceptivos Minigest 15 y Minigest 20.

Más allá de una falla de comunicación

La Corporación Miles se dedica a la construcción y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas desde una forma legal, biomédica y psicosocial. Javiera Canales, abogada y coordinadora legal de la Corporación, aseguró que llegaron a este caso debido a que desde comienzos de la pandemia se encargaron de la fiscalización de la falta de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.

“Las primeras alertas llegaron por parte de los funcionarios de los servicios de atención primaria”, explicó Canales, quienes le comunicaron a las personas de la Corporación Miles que existía un rumor de que se distribuían anticonceptivos orales defectuosos entre las pacientes. En ese momento y luego, cuando el Instituto de Salud Pública retiró los primeros lotes de píldoras, la Corporación presentó múltiples denuncias sobre el riesgo que este medicamento significaba para la salud femenina.

De acuerdo con los testimonios de algunas de las embarazadas que han trascendido a los medios de comunicación, en algunos casos sí se comunicaron con ellas para comentarles que el Gobierno había retirado ciertos lotes en mal estado de las pastillas, “pero mis píldoras no correspondían a esas cajas y me quedé tranquila”, dijo Estefany Cavieres, una de las afectadas.

De acuerdo con Canales, faltó un ejercicio de comunicación mucho mayor y contundente por parte del Estado, ya que muchas de las usuarias del medicamento, sobre todo las que viven en el campo, se han enterado del problema con los lotes defectuosos una vez el escándalo saltó a los medios de comunicación. Además, cree que no ha habido una respuesta institucional robusta para restituirles los derechos a estas mujeres.

Sin embargo, como las píldoras fueron distribuidas desde octubre 2019 y la alerta se emitió hasta agosto de 2020, no todas las mujeres están encinta en la actualidad; algunas ya tuvieron a sus hijos producto de los embarazos no deseados.

La Corporación Miles tiene la sospecha de que son más los lotes defectuosos distribuidos de los que el Gobierno admitió, ya que en la actualidad las autoridades investigan otros 15 lotes diferentes a los dos que se sacaron del mercado durante un tiempo. Lo anterior implicaría que el número de denunciantes y de embarazos indeseados puede ser mucho mayor al registrado hasta la fecha.

Un llamado a la acción internacional

El hecho de que el Gobierno chileno no hubiera reaccionado de una manera oportuna y hubiera guardado silencio frente a la situación que creó la repartición de este medicamento defectuoso impide que se les restituyan los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres que quedaron en embarazo, de acuerdo con la Corporación.

Además, el hecho de que ellas sean mujeres que van directamente al sistema de salud pública implica que son personas de bajos recursos y que no pueden adquirir por sí mismas anticonceptivos orales diferentes a los que distribuye el Estado, porque ello implicaría un gran desajuste en sus finanzas personales.

De hecho, son mujeres que pertenecen a entornos de baja escolaridad y que generalmente tienen personas a su cargo, pues su familia es de bajos ingresos. Entonces dar a luz impacta de gran manera tanto en su vida personal como económica, por lo que buscan que el Gobierno les ayude de alguna manera.

“Estos no son casos aislados, como dice el Gobierno, sino que son una cadena de violaciones de los derechos reproductivos de las mujeres que están conectadas entre sí y que al final afectan de manera desproporcionada a las mujeres”, aseguró a Agencia Anadolu Estefanny Molina Martínez, abogada senior de Women’s Link, ONG internacional que hace litigio estratégico en temas de violencias contra las mujeres.

Precisamente, la Corporación Miles y Women’s Link se unieron para presentar el caso ante la Relatoría sobre el Derecho a la Salud de las Naciones Unidas y la Relatoría sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), entre otros organismos internacionales que han mostrado su preocupación frente a los hechos, con el objetivo de que le llamen la atención al Estado chileno para que “repare a las mujeres, garantice información oportuna y veraz sobre los servicios de salud sexual y reproductiva y ejerza controles estrictos para la prestación adecuada de estos servicios”, según un comunicado de Women’s Link.

Entre las formas de reparación que le exigen al Estado se encuentra suministrar métodos anticonceptivos que cumplan con los criterios de seguridad y eficacia; acompañar a quienes decidan continuar con sus embarazos más allá de la etapa de gestación (incluyendo educación, nutrición, alternativas laborales, etc); informar de manera clara y oportuna sobre los servicios de salud sexual y reproductiva que presta el Gobierno, así como sobre las fallas en la prestación de los mismos, y “permitir el acceso, sin barreras, a la interrupción legal del embarazo” para aquellas que quieran tomar este camino.

Por ser embarazos indeseados que las mujeres activamente trataron de evitar al tomar pastillas anticonceptivas que creyeron seguras, varias de ellas están exigiendo que se les permitan abortar de una forma segura. No obstante, las leyes de Chile solo permiten la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales: cuando esté en riesgo la vida de la madre, cuando el feto tenga malformaciones que le impidan una vida extrauterina independiente y cuando el embarazo sea producto de una violación. Ninguna de las causales exentas incluye la negligencia del sistema de salud.

El 24 de febrero pasado el Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile multó a las farmacéuticas Laboratorios Silesia S.A. y Laboratorios Andrómaco S.A. con 66 millones de pesos chilenos (USD 91.172) por “sus responsabilidades en la distribución y fabricación” de los anticonceptivos que presentaron problemas de calidad.

La reacción de la Corporación Miles no se hizo esperar: “La multa es irrisoria para todo el daño causado a más de 100 mujeres que vieron alterados sus proyectos de vida con embarazos no deseados. Esta es una multa del ISP a los laboratorios. No es dinero directo a las víctimas, ojo. Nosotras seguiremos acompañando a las mujeres que se embarazaron con estos anticonceptivos e iniciaremos acciones civiles en contra del Estado y el laboratorio buscando indemnización para ellas”.