Más de 261 muertes bajo el régimen de excepción en el Salvador entre 2022 y 2024

ESTAMBUL

La organización de derechos humanos Cristosal anunció que 261 personas adultas y cuatro niños han muerto bajo custodia estatal entre 2022 y 2024 en el Salvador.

En su último informe, titulado El silencio no es opción: Investigación sobre las prácticas de tortura, muerte y justicia fallida en, Cristosal señaló que estas muertes, a su vez, han dejado al menos a 176 niños huérfanos, mientras que el encarcelamiento masivo pone en alguna modalidad de abandono a un estimado de 62.022 niños y adolescentes menores de 15 años.

Cristosal recoró que el Salvador posee desde marzo de 2022 un “estado de derecho roto donde las principales garantías constitucionales, como la presunción de inocencia o el derecho a un juicio justo, están suspendidas de facto en nombre de la seguridad”.

“También cuenta con un sistema de justicia hecho a la medida del régimen de excepción, donde los jueces han perdido su independencia”, agregó y señaló que esta suspensión de derechos afecta principalmente a personas pobres y mujeres.

Según el informe se han interpuesto 3.643 denuncias por abusos o violaciones de derechos recibidas por Cristosal entre marzo de 2022 y abril de 2024. También una muestra de 110 entrevistas y el análisis de 7.742 casos de mujeres detenidas bajo el régimen de excepción. Así como una investigación profunda sobre 265 muertes, cuatro de ellas correspondientes a niños, y la sistematización y estudio de una muestra de 1.178 casos de personas detenidas en 2022.

Uno de los casos que ilustra la gravedad de lo denunciado es el caso de Dina Hernández, una activista de derechos humanos de 28 años que estaba embarazada de 35 semanas cuando fue detenida en marzo de este año y acusada de agrupaciones ilícitas, sin aportar pruebas de esto.

24 horas después, un juez le otorgó medidas sustitutivas, pero las autoridades penitenciarias no cumplieron la orden y ese mismo día otro tribunal ordenó su detención atribuyéndole un delito distinto. Tres semanas después su familia supo que la hija que gestaba había muerto y pudo solo recoger el cadáver. La familia no tiene información sobre las condiciones de salud de Dina y desconoce si ha recibido atención posnatal.

El estudio de más de mil casos judiciales, unido a los cientos de testimonios recogidos por Cristosal, confirma que gran parte de las personas criminalizadas por el régimen de excepción no solo no pertenecen a pandillas, sino que son inocentes. Incluso, en algunos casos, se trata de ciudadanos que fueron por años víctimas directas de la violencia ejercida en sus comunidades por las pandillas y enfrentan ahora la violencia institucional del Estado.

El documento también aborda la vulneración de los derechos humanos de las mujeres cuidadoras y buscadoras de justicia. Cristosal verificó que, tras la detención de las madres, el rol de cuidado se traslada a otras mujeres que se convierten así en proveedoras para varios niños y adolescentes o todo un grupo familiar, con un alto costo para su propia salud física y mental, o para su proyecto de vida. Esta carga profundiza las inequidades sociales, impide a las mujeres alcanzar su autonomía económica y las expone a más pobreza.

En este sentido, Cristosal llamó al Estado salvadoreño a responder por todos estos señalamientos, garantizar justicia y reparación para las víctimas bajo custodia del Estado y pidió la liberación y reparación de las personas inocentes capturadas y que cumpla su papel con los niños que quedaron huérfanos por estas políticas.

Asimismo, exige justicia para las víctimas de las pandillas, quienes merecen conocer a los responsables a través de la identificación individual de sus actos.