De acuerdo con el activista Kyaw Win, los rohinyá, que han estado sujetos a persecuciones y violencia en el norte de Birmania, son uno de los diferentes grupos musulmanes que sufren en este país.

En entrevista con la Agencia Anadolu, Kyaw Win, fundador y director ejecutivo de la Red de Derechos Humanos de Birmania (BHRN), dijo que los musulmanes rohinyá representan solo el 30% de la población musulmana total de Birmania y que la persecución del otro 70% no es denunciada.

“Lo que entendemos ahora es que los rohinyá sufren un genocidio. Pero al mismo tiempo, el otro 70% de la población musulmana también enfrenta serios problemas”, sostuvo el activista. “Uno de los problemas es que su ciudadanía ha sido denegada y han sido incluidos en un grupo que es ‘mestizo’”.

“al ser musulmán, no puedes ser birmano; solo un budista puede ser birmano. Entonces, en el momento en que dices que eres musulmán, te conviertes en un grupo mestizo”.

Win señaló que los musulmanes en Birmania tuvieron que probar su línea de sangre y luego se vieron obligados a firmar un documento que los convertirá en apátridas y, por lo tanto, sin ciudadanía.

El activista explicó que los musulmanes en Birmania no pueden solicitar pasaportes birmanos y que la policía y los servicios de inteligencia los hostigan constantemente debido a su identidad.

Los rohinyá, según Win, se habían enfrentado a estos mismos problemas hace 20 años, y las otras comunidades musulmanas se enfrentan a una “tendencia” similar que podría conducir a un destino parecido al que han padecido la que es considerada al día de hoy la minoría más perseguida del mundo.

“Si hemos fracasado con la gente rohinyá, significa que también estamos fallando con el otro 70%”, comentó Win.

Las declaraciones de Win se produjeron después de la publicación de un informe de la ONU a principios de esta semana en el que se documentan violaciones colectivas masivas, homicidios, incluidos los de bebés y niños pequeños, brutales palizas y desapariciones cometidas por las fuerzas estatales de Birmania. En el reporte, los investigadores de la ONU dijeron que las violaciones pueden haber constituido crímenes de lesa humanidad.

La Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Birmania sugirió que los principales oficiales militares de Birmania, incluido el comandante en jefe del ejército, general de alto rango Min Aung Hlaing, deberían ser sometidos a juicio en la Corte Penal Internacional por cometer genocidio contra musulmanes rohinyá.

Win calificó el “reciente” informe de la ONU sobre la crisis Rohingya como “fuerte” y “creíble” y agregó que es un momento importante para que la comunidad internacional apoye a los rohinyá y las minorías en el país y lleve a los perpetradores de este genocidio ante la justicia.

Aung San Suu Kyi

En una crítica a la consejera de Estado de Birmania, Aun San Suu Kyi, por su silencio ante el “genocidio” de su país, Win aseguró que era “muy terrible” que una persona como ella defendiera al Ejército y que “ella no debería tomar ese camino, ella debería ser consciente de eso”.

Es lamentable, según Win, que Suu Kyi argumente que el Ejército no ha cometido ninguna atrocidad contra los musulmanes rohinyá cuando hay pruebas claras de que dichas atrocidades han ocurrido y seguirán ocurriendo.

Win también criticó prevención gubernamental y militar de las investigaciones independientes en el estado de Rakáin en el norte de Birmania y el bloqueo de los medios internacionales y las organizaciones de derechos humanos de informar sobre la limpieza étnica y el trabajo contra los musulmanes rohinyá.

El activista aseguró que Suu Kyi tenía el poder de detener el genocidio, pero que nunca planteó el tema de las atrocidades que se están llevando a cabo contra los rohinyá.

“Intencionalmente guardó silencio”, dijo Win, y agregó que “esto fue un gran error”, por lo que debería hacerse responsable.

De acuerdo con Win, Suu Kyi describió a tres generales que son criminales de guerra como “dulces miembros de nuestro gabinete” durante una visita a Singapur el año pasado, cosa que fue “inquietante”.

Le hizo un llamado a Suu Kyi para que renuncie o se revele ante el genocidio cometido contra los rohinyá y ponga fin a las atrocidades al llevar a los perpetradores que cometieron este crimen de guerra ante la justicia.

El activista elogió el papel de Turquía en la crisis rohinyá y sugirió que Ankara debería involucrarse con las organizaciones musulmanas y ofrecer más apoyo a la juventud musulmana de Birmania, la cual que sufre de desempleo porque son musulmanes.

También enfatizó que Turquía debería trabajar con países vecinos como Malasia e Indonesia para formar una alianza y apoyar a los rohinyá y otras comunidades musulmanas y evitar que ocurran tales atrocidades.

Win instó a los países musulmanes a que no solo se centren en las minorías musulmanas sino también en otras minorías de Birmania que enfrentan persecución, como los cristianos Kachin y Karen y los budistas Shan, quienes también enfrentan la persecución rutinaria del gobierno.

El 25 de agosto de 2017, el Ejército de Birmania lanzó una gran operación de represión en contra de la minoría étnica musulmana, causando la muerte de aproximadamente 24.000 civiles y forzando a otros 750.000 a huir hacia Bangladés, según un reporte publicado por la Agencia de Desarrollo Internacional de Ontario (OIDA).

Más de 34.000 personas fueron arrojadas al fuego y más de 114.000 fueron golpeadas, según la investigación y agregó que aproximadamente 17.718 mujeres y niñas rohinyá fueron violadas desde que el ejército y la policía de Birmania atacaron sistemáticamente al grupo más perseguido del mundo.

Los refugiados escapan de operaciones en las cuales las Fuerzas Armadas y hordas de budistas han asesinado hombres, mujeres y niños, saqueado hogares y quemado aldeas enteras.

De acuerdo con la ONU, más del 40% de los rohinyá desplazados son menores de 12 años y muchos otros son personas de edad avanzada que requieren asistencia y protección.

Los rohinyá, descritos por la ONU como el grupo de personas más perseguidas del mundo, se enfrentan a crecientes temores de ser atacados después de que docenas fueran asesinados, víctimas de violencia comunitaria en 2012.

La ONU documentó violaciones masivas en grupo, asesinatos (incluso de bebés y niños pequeños), brutales palizas y desapariciones cometidas por personal de seguridad.

En un informe, los investigadores de la ONU dijeron que tales violaciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

*Daniela Mendoza contribuyó con la redacción de esta nota.