El 24 de noviembre de 2016 se firmó en el teatro Colón, en Bogotá, el acuerdo final de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la ya desmovilizada guerrilla de las Farc.

Ese día se selló un acuerdo de seis puntos que se esperaba fuera implementado de manera completa, integral, para lograr una paz “estable y duradera”, como prometían sus negociadores.

Pero en su cuarto aniversario, que se celebra este martes, hay importantes retos para lograr ese cometido.

La Secretaría Técnica de la instancia internacional creada por el Acuerdo para la verificación de su implementación, conformada por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), hizo un balance de las principales dificultades que enfrenta la implementación de la paz.

Algunos de los puntos que más generan preocupación tienen que ver con el acceso a tierras, los planes para la reforma rural, y la seguridad de los excombatientes, según el Séptimo informe de Verificación de la Secretaría.

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El informe indica que “se puede concluir que en los 43 meses transcurridos desde la firma del Acuerdo, las medidas de acceso y formalización no han avanzado como se esperaría en su función de transformación de los territorios”.

Clara Ramírez, vocera del Cinep, indicó además que “no hay claridad sobre las cifras que presenta” el Gobierno colombiano en materia de acceso a tierras nuevas, y en formalización o adjudicación de terrenos, que son figuras diferentes en términos administrativos y judiciales.

“Para tener acceso a tierras hay varias vías, dependiendo si es un terreno privado (acceso a tierras nuevas) o es un baldío (adjudicación) o cuando los títulos no están registrados o hay problemas en la expedición de los títulos, falsa tradición (formalización)”, explica.

Ramírez planteó que el Ejecutivo presenta bajo el mismo título “acceso y formalización” de terrenos. Además, expone un reto adicional y es que “no hay información completa” sobre baldíos y tierras en el país.

Otro de los asuntos que más genera preocupación es lo que tiene que ver con seguridad y participación política. Aunque “si bien la apertura de la democracia avanza, la situación de seguridad para las personas involucradas en actividades de ejercicio del poder (defensores de derechos humanos, liderazgo en representación colectiva de intereses o ampliación y construcción de poder en la sociedad y excombatientes) no ha mejorado”, indica el informe.

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La Secretaría Técnica señala que las medidas y programas implementados por el Gobierno Nacional para “garantizar la seguridad en el ejercicio de la política no han tenido la efectividad esperada”.

El informe “evidencia escasa operatividad de los espacios creados por el Acuerdo” en este punto.

Este cuarto aniversario de la firma de la paz ocurre en momentos en que, según datos del partido Farc, han sido asesinados 242 excombatientes. Además, transcurre en medio de una creciente violencia en varias regiones del país, pues de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), se han registrado 76 masacres en lo corrido del 2020, con más de 300 víctimas fatales, incluidos líderes sociales y defensores de derechos humanos.

La Secretaría afirma que este es el punto que registra menos avances y que hay “escaso interés en su implementación y fuertes bloqueos políticos en el Congreso”.

El panorama no es completamente sombrío

A pesar de las fuertes dificultades que enfrenta la implementación en general, los puntos cinco (víctimas) y tres (fin del conflicto) son los que más avances han tenido.

Además, pese a los problemas de seguridad que vive Colombia, la firma del acuerdo de paz deja un descenso en términos de violencia. De acuerdo a los datos del Cerac, luego del acuerdo con las Farc “se observa que la violencia de conflicto no desapareció, pero un número significativo de municipios sí logró estabilizarse en estos cuatro años”.

“Los municipios que se han estabilizado, además, son muy superiores en número a aquellos en los que emergió el conflicto”, precisa el Centro en una nota alterna publicada este martes.

Otro dato positivo es que el proceso de estabilización y construcción de paz en algunos territorios “no se ha revertido, sino que, por el contrario, avanza levemente”.

La información divulgada demuestra “una reducción del número de municipios afectados por el conflicto en los últimos cuatro años, pasando de 301 a 255 en agosto pasado”.