Los motivos que obligaron a Piñera a firmar la ley de retiro de las pensiones en Chile

Por: Andrea Aguilar Córdoba

Luego de jornadas maratónicas en la Cámara de Diputados y el Senado chileno, y de amagues de un nuevo estallido social, el ejecutivo de Sebastián Piñera dio luz verde al proyecto de ley que permite a los chilenos disponer del 10% de sus fondos de pensión para hacerle frente al impacto económico que ha causado la pandemia del coronavirus.

“La decisión del Presidente de promulgar esta reforma constitucional obedece a su intención y voluntad –dada la difícil situación económica y social que viven muchas familias y compatriotas– de facilitar y agilizar el retiro de tus fondos de ahorros previsionales por parte de las personas habilitadas”, señaló La Moneda en un comunicado

La promulgación de esta ley ha sido considerada por el actual Gobierno como un “traspié muy importante” y se da en un contexto de tensión social por la pérdida de más de dos millones de empleos durante este año, cifras que agudizan una crisis del modelo que durante los últimos 30 años ha profundizado la brecha salarial y las desigualdades.

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Sin embargo, el ejecutivo chileno dio una dura batalla política para evitar el retiro de estos fondos que concentran activos equivalentes a 75% del PIB chileno y de los que obtienen financiamiento los grandes grupos económicos del país. Pero, en un movimiento que se tilda como histórico, diputados y senadores oficialistas dieron la espalda a la directriz del Gobierno y votaron a favor de la ley que permitirá retirar un máximo de 5.600 dólares y un mínimo de 1.300. Y, en caso de que el afiliado tenga menos de este último monto, podrá retirar la totalidad de sus fondos.

“Lo sucedido durante la tramitación evidencia que hoy existen dos derechas muy marcadas y muy distintas. Una derecha con un carácter eminentemente social y una derecha más bien ideológica, que se dedica más al estudio y análisis, y está más alejada de lo que pasa en las calles y de lo que está sufriendo la gente producto de una pandemia”, señaló a la Agencia Anadolu Andrés Celis, diputado del partido derechista Renovación Nacional.

Mientras el proyecto avanzaba en el legislativo empezaron a vislumbrarse posibilidades de utilizar el veto presidencial o de enviar el proyecto al Tribunal Constitucional para que revisara si iba en contra de la carta magna. Sin embargo, los cacerolazos y las barricadas que anticipaban un nuevo estallido social y la falta de apoyo de los propios legisladores oficialistas obligaron a Piñera a asumir la derrota y promulgar la ley.

“Piñera enfrenta una crisis sin precedentes dentro de su propia coalición. En caso de haber dilatado su decisión de promulgar el proyecto, la tensión y el conflicto entre los partidos que conforman el Gobierno habría sido inmanejable. Una tardanza en la promulgación habría servido como combustible para la activación de nuevas protestas ciudadanas”, señaló a la Agencia Anadolu el analista político Mauricio Morales.

Desde la izquierda celebraron la aprobación de la ley y aseguraron que es una muestra de que el Gobierno no puede ir contra la voluntad de la gente para resguardar los intereses económicos.

“A José Piñera (hermano del presidente) le salió el tiro por la culata. Prometieron y vendieron un sistema que no solamente iba a garantizar buenas pensiones sino que siempre dijeron que los fondos previsionales eran derecho privado de los trabajadores”, señaló durante el debate la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo.

La crisis del modelo de la dictadura

La referencia que hizo Vallejo al hermano del presidente Sebastián Piñera es porque las administradoras de fondos de pensiones (AFP) fueron creadas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) tras la reforma pensional impulsada por el entonces ministro de Trabajo, José Piñera, quien estableció la privatización del sistema de seguridad social, que actualmente entrega una jubilación por debajo del salario mínimo al 80% de los afiliados.

“Su administración la concentran seis administradoras, la mayoría de capitales extranjeros, que obtienen utilidades superiores al 20% de su patrimonio. Se basa en comportamientos individuales de los afiliados ajenos a la seguridad social, confirmando una cultura neoliberal en la que el trabajador actúa con total ignorancia y asimetría de información y jamás sabe el valor de su pensión, dado que no hay beneficios definidos”, explica a la Agencia Anadolu Andras Uthoff, doctor en Economía de la Universidad de California Berkeley.

Uthoff señala que la clase media trabajadora de Chile termina en condiciones de vulnerabilidad durante la vejez porque el empleado no tiene ninguna injerencia en el funcionamiento del sistema ni en las decisiones de inversión y menos en los directorios de las empresas. Además, se trata de un modelo deslegitimado, ya que su origen se remonta a la época del régimen militar.

Sin embargo, la llegada de la pandemia del coronavirus hizo que incluso los senadores y diputados de ultraderecha, muchos de ellos defensores del legado de Pinochet, decidieran apoyar el golpe al sistema actual de pensiones para aliviar el drama económico de millones de chilenos.

“Es una situación extrema de emergencia. Si bien el Gobierno ha entregado millones en recursos, frente a esta crisis nacional y mundial se requiere más ayuda y los chilenos han decidido con sus propios ahorros poder sobrevivir. No se humilla quien pide por su patria. Se ha aprobado la ley con el voto humanitario y solidario de la derecha”, señaló a la Agencia Anadolu el senador Iván Moreira, del ultraderechista partido Unión Demócrata Independiente (UDI).

La precariedad de las pensiones de la población contrasta con el sistema de reparto de beneficio definido del que gozan las fuerzas militares, el cual fue establecido durante la dictadura y es financiado casi en su totalidad por impuestos generales, dando como resultado jubilaciones hasta nueve veces más altas que las de los civiles que, tras el proyecto de ley promulgado, podrán, por primera vez, disponer de sus fondos de ahorro para enfrentar la pandemia, que ya deja casi 9.000 muertos en Chile.