Los Mapuches en Chile y Argentina, entre la violencia y la estigmatización

Una supuesta riña entre dos mapuches en la noche de este martes terminó con la muerte de uno de ellos en la región de La Araucanía, en Chile. La víctima perdió la vida producto de heridas causadas con un machete. 

Se trata del segundo miembro de esta comunidad indígena que fallece en menos de una semana. El primero, Camilo Catrillanca, murió por un disparo en la cabeza por parte de la Policía chilena.

La muerte de Catrillanca, un weichafe (“guerrero” de la causa mapuche), ha ocasionado 101 hechos violentos en las sureñas regiones de La Araucanía y Biobío, que concentran el mayor número de comunidades mapuches, según un reporte oficial divulgado en la noche del martes.

Y aunque el caso de este joven indigna al país, la violencia en estas zonas es de largo aliento. Solo desde enero de 2011 ha habido 20 muertos y 2.895 “actos de violencia”, añade el informe.

Según el subsecretario chileno del Interior, Rodrigo Ubilla, lo que ocurre en estas regiones "no puede homologarse a otras zonas del país”. 

“Estamos frente a una situación especial que se arrastra por décadas", dijo el funcionario el martes en rueda de prensa.

Sin embargo, el conflicto de los mapuches es complejo y viene desde mucho más atrás. Desde finales del siglo XIX, los territorios de estas comunidades indígenas de aproximadamente 1,9 millones de personas que habitan principalmente en el sur de Chile y el suroccidente de Argentina, han sido ocupadas por los Estados argentino y chileno con intensas operaciones militares y declarados como propiedad fiscal, por lo que las dividieron y remataron a colonos o estancieros.

De acuerdo con el Instituto de Promoción de Estudios Sociales de Navarra -IPES Elkartea-, “la presión de las instituciones; la colonización ejercida por las compañías de explotación petrolíferas, minerales, forestales y de tierras y la falta de políticas públicas de desarrollo están provocando el empobrecimiento de las comunidades mapuches”.

Además, añade IPES, “se suman cada vez mayores dificultades para una vida digna” como el acceso a trabajo, educación, salud, medio ambiente, así como “su marginación socio-cultural y el aumento de la migración de la juventud, entre otros problemas”.

En Chile, el 69% de los mapuches vive en La Araucanía, un 8,8% de la región de Biobío y un 16,7% en Los Lagos y Los Ríos, según datos del Ministerio de Cultura de ese país.

La entidad señala en un informe que los mapuches viven en un territorio que tiene una historia precolombina que se divide en la resistencia a la conquista española y su existencia después de la colonización.

El reclamo histórico de tierras de los mapuches se intensificó después de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando algunos miembros de su comunidad entraron en conflicto con el Estado y se organizaron en el grupo de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). La organización ha sido señalada de tomas ilegales de tierras y de provocar incendios a casas y camiones en La Araucanía.

Entre sus líderes, la CAM tiene a integrantes del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) que se ha adjudicado la quema del consulado de Chile en la ciudad argentina de Bariloche y el incendio en una catedral y el refugio Neumeyer, en la provincia argentina de Río Negro.

En Argentina, entre tanto, otro informe del Gobierno califica la RAM como un movimiento “etnonacionalista violento que desde hace ocho años opera en territorio argentino”. 

Su accionar, explica el texto, “se concentra en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut”, donde vive el 73% de esta población. “Los activistas de la RAM cometen delitos contra la propiedad, contra la seguridad pública, contra el orden público y contra las personas”, recalca.

En 2014, la RAM mediante un comunicado le declaró la guerra a los Gobiernos de Chile y Argentina con el fin de lograr ser una nación independiente.

Luego de la muerte de Camilo Catrillanca, de 24 años, el intendente de La Araucanía, Luis Mayol, presentó su renuncia ante el presidente chileno, Sebastián Piñera, quien confirmó este miércoles su reemplazo. Se trata de Jorge Atton, hasta entonces asesor presidencial para temas de ciberseguridad en el Ministerio del Interior.