Las razones que obligaron a Daniel Ortega a retomar las negociaciones en Nicaragua

Por: Wilfredo Miranda Aburto

El gobierno de Daniel Ortega y de Rosario Murillo se vio obligado a retomar las negociaciones políticas con la oposición debido a la debacle económica que atraviesa Nicaragua.

La presión internacional sobre el régimen, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad desde el 18 de abril de 2018, cuando iniciaron las protestas en este país centroamericano, ha sido otro factor determinante para retomar el diálogo, sumado a la crisis y también presión de diversos países que tiene su aliado Nicolás Maduro en Venezuela.

De alguna forma así lo opina la historiadora y exguerrillera sandinista Dora María Téllez, quien le dijo a la Agencia Anadolu que Ortega aceptó sentarse a negociar porque está asfixiado económicamente y aislado nacional e internacionalmente.

“La economía del país está en colapso, el gobierno está sin dinero, y la crisis misma ha afectado los negocios de los Ortega Murillo”, sostuvo Téllez, quien se encuentra clandestina por las amenazas en su contra. “Por otro lado, las sanciones de Estados Unidos han tocado el corazón del flujo de fondos venezolanos y esto ha afectado directamente el centro del poder del régimen dictatorial que está gobernando Nicaragua”.

A raíz de esto, Ortega llamó a los dueños del gran capital nicaragüense para buscar una salida a la crisis. Sin embargo, los empresarios le recomendaron al mandatario sandinista ampliar el diálogo con los otros sectores de la población, con quienes ya se había sentado a negociar en julio de 2018 en medio de los momentos álgidos de la represión.

En aquella ocasión, el denominado “Diálogo Nacional” no tuvo mayores resultados, y Ortega endureció más su postura y su narrativa de que cursava un “golpe de Estado”.

Las nuevas negociaciones se inician este miércoles 27 de febrero y serán mediadas por el cardenal Leopoldo Brenes y por el nuncio vaticano Waldemar Stanislaw.

La negociación inicia con varios saldos en rojo. En el plano de los derechos humanos: 350 asesinados, miles de heridos, 60 mil exiliados y 760 presos políticos. En el plano económico: más de 700.000 empleos perdidos, un crecimiento que amenaza con desplomarse en 8 puntos porcentuales, y el cierre de varias empresas ante la incertidumbre y la inestabilidad sociopolítica.

“La inversión extranjera y nacional no volverá a Nicaragua si no hay una solución política a la crisis”, planteó el empresario José Antonio Baltodano.

Liberación de los presos políticos

Los sectores que se oponen al gobierno Ortega-Murillo han insistido en que la solución a la crisis nicaragüense es “política y no económica”. Es por tal razón que la Alianza Cívica –la coalición opositora que negociará con el gobierno– ha revelado que el primer punto de agenda será la exigencia de la liberación de los presos políticos.

“Reiteramos que el compromiso con los presos políticos estará presente en todo momento en este proceso. La libertad es de prioridad en la negociación”, dijo el doctor Carlos Tünnermann, miembro de la Alianza Cívica.

La composición de la comisión negociadora ha generado suspicacia, ya que la conformación de los miembros será definida por el sector privado. Miembros del Comité Pro Libertad de los Presos Políticos y de la Asociación Madres de Abril han hecho reclamos por no haber sido incluidos, a pesar de que sus familiares han sido los asesinados y encarcelados.

“Demandamos que el primer tema a discutir en el diálogo sea la liberación de todas y todos los presos políticos y la anulación de los procesos judiciales que han sido completamente ilegales, en un plazo de 72 horas a partir del inicio del diálogo, sin condición alguna y bajo garantías de respeto a sus libertades de movilización y seguridad”, le dijo a la Agencia Anadolu Daniel Esquivel, presidente del Comité Pro Libertad de los Presos Políticos.

La Alianza Cívica se ha comprometido públicamente a exigirle a Ortega la liberación de los 760 reos de conciencia. Sin embargo, no hay mucha confianza en que el gobierno ceda, ya que dos días antes de que se anunciara el restablecimiento del diálogo el líder campesino Medardo Mairena fue condenado a 216 años de prisión.

Otros puntos en la agenda de la negociación de la Alianza Cívica son el adelanto de las elecciones generales, el retorno al país de los organismos internacionales de derechos humanos, así como la demanda de justicia y no impunidad. Sin embargo, el gobierno no ha revelado cuál es su propuesta de agenda ni quiénes conformarán su comitiva.

Dora María Téllez, también analista política, dijo que Ortega puede buscar ganar tiempo con esta negociación. Según ella, es por eso que el diálogo tienen que ser rápido y con un límite de tiempo.

“No se trata de oxigenar a una dictadura sino de ponerle plazos. Eso es exactamente lo que Ortega teme. Las elecciones adelantadas significa que le ponen un plazo, y él quiere llegar al 2021 para recomponer su situación, para restablecer la correlación de fuerzas para recuperar su hegemonía. Es lo que tiene que evitar la Alianza Cívica”, recomendó Téllez.

Por su parte, en el gobierno Ortega-Murillo hablan de “una negociación para consolidar la paz con justicia y dignidad”, sin mencionar las denuncias de homicidios cometidas por los policías y paramilitares, de acuerdo con organismos de derechos humanos. En la narrativa del gobierno no existe responsabilidad alguna por los “crímenes de lesa humanidad” señalados por el Grupo de Expertos Internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según dijo en un evento político hace unos días, Ortega insiste en que su objetivo es “abrir una nueva ruta, abrir un encuentro, instalar una mesa de encuentro y de ahí, la mesa para negociar, negociar para consolidar la paz en nuestro país, negociar para construir esa nueva ruta, ese nuevo camino que mejore las condiciones para el país y por tanto el pueblo nicaragüense se pueda ir recuperando más rápidamente de los efectos del intento del golpe de abril”.

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