Las estrategias con las que el Gobierno colombiano busca frenar el asesinato de excombatientes de Farc

El Gobierno colombiano dio a conocer este lunes las estrategias con las que busca frenar el preocupante número de asesinatos de excombatientes de las desmovilizadas Farc.

Durante una rueda de prensa, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, informó que el Ejecutivo “nunca ha estado cruzado de brazos” ante esta situación y que trabaja por la protección de los desmovilizados y la de sus familias.

“No hemos ahorrado esfuerzos y no desmayamos en este propósito. No puede haber sospechas de connivencia o negligencia de parte del Estado frente a estos ataques. Solo hubo un episodio que vinculó a un miembro de la Fuerza Pública: el caso de Dimar Torres, en el Catatumbo, que se resolvió en dos meses y derivó en una condena a 20 años para un suboficial del Ejército involucrado en este episodio”, recordó Archila.

Entre las acciones para proteger a los más de 10 mil excombatientes que adelantan su proceso de reincorporación en 583 municipios del país “se han adoptado medidas especiales que van desde esquemas de seguridad individual y colectiva para aquellos en casos de riesgo”.

Hasta el 30 de septiembre de 2020 había implementados 271 esquemas, de los cuales 231 son individuales (174 para hombres y 57 para mujeres), 15 colectivos (que cubren 46 hombres y 22 mujeres) y 24 para los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), según los datos de la oficina de Archila.

El consejero añadió que en los 24 antiguos ETCR se dispuso la presencia del Comando Conjunto Estratégico de Transición CCOET, integrado por 2.225 efectivos de 70 pelotones del Ejército y 871 de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep).

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Archila precisó que hay un total de 3.158 integrantes de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad de 2.626 reincorporados y sus familias que viven en los ETCR.

Al presentar los datos de investigación y judicialización de la Fiscalía General, el consejero informó que el 61% de los casos de homicidio, tentativa de homicidio y desaparición resueltos por esta entidad, fue ordenado por las disidencias de las Farc (42%), el ELN (10%) y el Clan del Golfo (9%).

“Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía han permitido esclarecer el 50% de las 319 afectaciones contra los excombatientes y sus familiares registrados desde 2017 a octubre de 2020”, agregó Archila.

Al 7 de octubre de este año, la justicia colombiana ha proferido 40 sentencias condenatorias. Adicionalmente, hay 31 casos en juicio, 37 casos con formulación de imputación de cargos, 49 casos en indagación con orden de captura y dos casos por preclusión.

La Consejería para la Estabilización destacó que por las afectaciones contra excombatientes se han capturado a 141 personas, se han vinculado 257 personas a las investigaciones y se han dictado 53 órdenes de captura contra autores intelectuales, de las cuales 10 ya se han hechos efectivas.

“Las entidades del Estado trabajan para coordinar la protección de los excombatientes en las ciudades y antiguos ETCR. Brindamos esquemas de protección, se ha identificado a quienes cometen los hechos y hemos mantenido un diálogo permanente con el colectivo Farc”, subrayó Archila.

Desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, han sido asesinados 236 desmovilizados, incluidos algunos de sus familiares, según los datos del partido Farc.