Maria Paula Trivino Salazar
09 Octubre 2019•Actualizar: 10 Octubre 2019
Por: María Paula Triviño
Cuando Amalia tenía solo cuatro años de edad fue entregada por su madre al alcalde militar de Anzoátegui en Tolima. Era 1963 y su mamá, bajo falsas ilusiones, creyó que su hija estaría mejor con una familia de mejores recursos.
Nada más opuesto a la realidad. Amalia fue llevada a la casa de la señora María Odilia quien la tomó como esclava, la obligó a servirle y a realizar los oficios del hogar los siguientes 12 años.
Hasta sus 16 años, Amalia fue explotada laboralmente, torturada y abusada sexualmente por miembros de la familia, que la pedían en “préstamo” para que aseara sus casas.
La familia Beltrán Sánchez también robó la identidad de la joven. La nombró Nohemí y por eso ella nunca conoció su nombre, no supo nada de su familia ni tuvo documentos de identificación.
Aunque en la década de los setenta logró escapar con la ayuda de una vecina, solo hasta 2011 Amalia decidió contar su historia a las autoridades y denunciar a los responsables.
En un intento por prevenir este delito, la Unicef junto a la Fiscalía están impulsando la campaña “Eso es cuento” con charlas educativas y de prevención en colegios de todo el país para que los niños entiendan que la realidad puede superar la ficción.
En el último informe global sobre la trata de personas entregado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC] en enero, se confirmó que “el 72% de las víctimas de trata de personas en 2018 son del género femenino. El 49% de los casos son mujeres adultas y 23% son niñas”.
“La trata es un delito que consiste en captar, trasladar o acoger a una persona para explotarla con varios fines, como explotación sexual, trabajos forzados, matrimonio servil y mendicidad ajena, entre otros”, afirma Rocío Mojica, oficial de Protección Infantil de Unicef en Colombia.
Así como Amalia, en Colombia cientos de niños y adolescentes son llevados a zonas del país donde son explotados sexualmente, especialmente en corredores turísticos como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.
“Muchas niñas y mujeres son transportadas para ser explotadas por raspachines y trabajadores de cultivos de coca. Eso pasa también en la zona de triple frontera con el Amazonas y hemos visto casos donde son obligadas a tener relaciones sexuales 20 ó 30 veces al día, tienen embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual”, dice Mario Gómez, fiscal delegado para la Infancia y la Adolescencia de la Fiscalía General de la Nación de Colombia.
Regiones como Norte de Santander también están en la mira de las autoridades por la afluencia de niñas y adolescentes venezolanas que son captadas por estas redes.
“Estamos haciendo un trabajo de prevención con la comunidad venezolana sobre todo en zonas vulnerables como la frontera. Lo importante es desnaturalizar el hecho de que pagar por sexo está bien y de que esta es una forma correcta de sobrevivir para los niños”, comenta Mojica.
Según la Procuraduría delegada para la Defensa de la Infancia entre 500.000 niños y niñas y 60.000 adultos venezolanos están en riesgo.
El fenómeno se vuelve aún más complejo cuando las víctimas son llevadas a otros países.
Trabajar como modelo, actriz, cineasta, impulsadora; obtener salarios que superan cualquier expectativa; tramitar visas y pasaportes inmediatos; obtener para tiquetes y hospedajes gratuitos, y engaños de parejas por internet son algunas de las ofertas que más usan los reclutadores.
A finales de septiembre, la joven colombiana de 22 años, Daniela Patiño fue asesinada en Playa del Carmen, México, después de ser víctima de una de estas redes que la engañó con una oferta a través de redes sociales para trabajar en un restaurante en España.
Daniela terminó en Guatemala y le informó a sus familiares que la querían prostituir y que había caído en una red de trata de personas. Aunque escapó y logró llegar a México, nunca regresó a su hogar.
Para prevenir este trágico hecho, la campaña “Eso es cuento” espera crear conciencia entre la población estudiantil. “Este es un delito que está subregistrado porque no se identifica como violencia y muchas víctimas no se identifican como tal”.
“Sin embargo, el consentimiento de las víctimas no exime de responsabilidad a los victimarios”, afirma Mojica.
En este momento, la Fiscalía colombiana lleva 990 investigaciones criminales y se han dictado cerca de 89 condenas por este delito que puede tener una pena de hasta 23 años de privación de la libertad.
