La pandemia revela las disparidades sociales y económicas de México

La nueva pandemia de coronavirus ha revelado fallas estructurales e inequidades socioeconómicas en México desde que se reportó el primer caso de COVID-19, el pasado 27 de febrero.

Un hombre de 35 años que regresaba de un viaje a Italia fue diagnosticado en la Ciudad de México. A fines de mayo, dos meses después de que el Gobierno federal implementara por primera vez una cuarentena, el número de casos había aumentado exponencialmente, con 84.627 infecciones.

Actualmente, México es el cuarto en el mundo en el número de muertes relacionadas con COVID, superando a países que alguna vez fueron epicentros de la pandemia. Con 926,906 casos y 94,015 muertes, México ha enfrentado una expresión altamente infecciosa del virus y una de las más letales.

Aunque México es el país con más casos de diabetes y obesidad, la pandemia ha arrojado luz sobre fallas estructurales e inequidades socioeconómicas que también pueden explicar la gravedad de su tasa de infección y mortalidad.

Según un estudio reciente de la Universidad Nacional Autónoma de México, hasta el 88% de todas las muertes relacionadas con COVID-19 provienen de pacientes tratados en hospitales públicos.

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La COVID-19 parece afectar a más personas en condiciones socioeconómicas desfavorables. Se sabe que la mayoría de los infectados tiene educación primaria y forma parte de la economía informal: amas de llaves, conductores, trabajadores jubilados y profesionales desempleados.

La oportunidad de evitar cualquier forma de interacción social y trabajar desde casa se limita a quienes tienen más medios de subsistencia. Para la mayoría de las personas en el país, que dependen del transporte público, trabajar desde casa no es una posibilidad y la lucha tiene un tono diferente.

"La COVID-19 ha sido llamada una enfermedad igualitaria. Eso no es cierto, no todos estamos en el mismo barco, no lo experimentamos de la misma manera", dijo el doctor Omar Gabriel Torres, quien trabaja con Partners in Health, una organización sin fines de lucro que brinda atención médica y atención a los migrantes en México.

Esta vulnerabilidad socioeconómica es más notoria en los estados marginados, donde se concentran las comunidades indígenas.

“No hay un esfuerzo real para ayudar a las áreas rurales del país, ni tampoco un rastreo de contactos o una metodología para comprender la dimensión de la pandemia en estas comunidades”, dijo Gabriel.

Desde que se implementaron por primera vez las pautas de cuarentena y distanciamiento social el 23 de marzo, las políticas del Gobierno federal han mostrado fallas. Sin una estrategia coherente de rastreo de contactos y la implementación de pruebas masivas, no existe una dimensión real para la lucha contra la pandemia, y muchos posibles casos asintomáticos no se controlan.

Comprender el grado de contagio y controlar el tráfico de personas dentro y fuera del país son fundamentales para controlar la pandemia.

"Muchos casos provienen de mexicanos que regresan de Estados Unidos o incluso de turistas estadounidenses. Esta falta de control y la falta de pruebas estrictas impulsaron la tasa de infección", dijo la doctora Diana Martínez, quien trabaja en un hospital privado tratando la COVID-19.

El costo por equipo de prueba varía de 3.000 pesos (USD 140) a 5.000 pesos (USD 235), dejando a la mayoría de los mexicanos que dependen del salario mínimo sin poder hacerse la prueba.

El tratamiento en general ha demostrado tener grandes costos para las personas afectadas por la enfermedad, y las instituciones privadas cobran cantidades elevadas a quienes requieren terapia intensiva.

La incapacidad de la mayoría de los pacientes de COVID-19 para recibir tratamiento en hospitales privados ha dejado a los hospitales públicos con un flujo constante de pacientes y presupuestos limitados.

Los hospitales públicos son la principal fuente de tratamiento para la mayoría en México, y cuando la pandemia golpeó el presupuesto mínimo y el escaso equipo de protección dejaron al personal médico vulnerable a la enfermedad.

"Los hospitales oficiales equipados para tratar la COVID-19 se vieron obligados a asignar pacientes a otras instituciones públicas por exceso de casos, falta de insumos médicos y trabajadores", explicó Leslie García, enfermera de un hospital público de Tamaulipas en el norte de México.

La falta de recursos para suministrar a los hospitales el equipo médico que tanto necesitan ha sido una amenaza significativa para el personal médico que trata a pacientes con COVID-19.

México tiene la tasa de mortalidad más alta entre médicos y enfermeras del mundo, según Amnistía Internacional. Un total de 1.320 trabajadores médicos han muerto a causa del virus desde el comienzo de la pandemia.

Según el informe semanal del Gobierno sobre la pandemia presentado este martes, México ha mostrado una aparente reducción de nuevas infecciones desde principios de agosto. Ha habido una disminución constante de casos nuevos durante 10 semanas consecutivas, según informó Hugo López Gatell, viceministro de Salud de México.

También ha disminuido el número de ocupaciones de camas de hospital.

Aunque los problemas de larga data de México han agravado la pandemia, el informe reciente muestra que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha aprendido de los errores de su administración. Aun así, el Gobierno debe comprender que aún queda mucho por hacer para combatir la pandemia en curso.

*Maria Paula Triviño contribuyó con la redacción de esta nota.