El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) publicó el informe ‘Retos humanitarios 2021’ este 24 de marzo en el que asegura que la pandemia del coronavirus profundizó la violencia contra la población civil y que en 2020 empeoró la situación humanitaria en Colombia.

El documento detalla en su inicio que “en el contexto de la pandemia por COVID-19 se profundizaron las consecuencias humanitarias de los al menos cinco conflictos armados que existen en Colombia, al tiempo que se agudizó la violencia contra la población civil en varias regiones del país”.

Por este motivo, el CICR mostró su preocupación por el aumento de víctimas en el contexto del conflicto armado interno.

El CICR indicó, por ejemplo, que ha habido un incremento de víctimas de artefactos explosivos, de ataques contra médicos, de desplazamientos, desapariciones y violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), entre otros.

“En 2020 registramos nuevas desapariciones, víctimas de artefactos explosivos, ataques contra la Misión Médica, amenazas, homicidios, violencia sexual, reclutamiento y uso de menores, así como múltiples abusos contra la población civil. Nos preocupa que los actores armados continúen irrespetando el DIH y otros principios humanitarios, y que las comunidades sigan sufriendo los peores efectos de la guerra”, comentó Lorenzo Caraffi, nuevo jefe de la Delegación del CICR en Colombia, durante la presentación del informe.

El documento del CICR precisa que el riesgo y la presión sobre la población civil aumentó (en 2020) considerablemente en varias regiones y que, paradójicamente, esta realidad se invisibilizó. "La pandemia generó mayores obstáculos para que las víctimas pudieran acceder a las rutas de atención estatal y de atención humanitaria, así como para que las instituciones pudieran acceder a ellas”, describe.

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De acuerdo con las cifras del organismo, en 2020 se registró el número más alto en cuatro años de víctimas por artefactos explosivos: 389, de los cuales 226 fueron civiles. El 77% de las víctimas se encontraban en los departamentos de Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y Nariño.

“Los accidentes (con artefactos explosivos) ocurrieron en 69 municipios del país, en 41 de ellos no se habían registrado incidentes en 2019, lo que indica que el fenómeno se ha extendido a zonas donde se pensaba que la problemática era un hecho del pasado”, se lee en el informe.

De igual manera, durante 2020 la CICR documentó una desaparición cada tres días, para un total de 114 desaparecidos, aunque el organismo indica que puede haber un subregistro. De ellos 102 fueron civiles, ocho pertenecían a la Fuerza Pública o a grupos armados y de cuatro no se tiene información.

“Si la búsqueda de las personas desaparecidas en Colombia normalmente era una tarea difícil, la pandemia la convirtió en un reto más grande. No solo como consecuencia de la agudización del conflicto en algunas zonas del país, sino también por la restricción de la libre circulación de civiles debido a la pandemia, lo que dificultó que las familias buscaran y acudieran a las instituciones del Estado para indagar cómo avanzaban los procesos”, de acuerdo con el documento.

Entre los temas sobre los que llama la atención la CICR a los actores del conflicto armado interno, están los de vacunación contra la COVID-19 y a la protección de civiles.

“Es indispensable que los actores armados permitan que las poblaciones que se encuentran en zonas bajo su control accedan a la vacuna. De igual manera, deben facilitar la labor del personal de salud a cargo de la vacunación y de las organizaciones humanitarias”, menciona el CICR.

El organismo agregó que hace un llamado “a la Fuerza Pública y a todos los grupos armados para que respeten a los civiles y los protejan de los efectos de las hostilidades". "Les recordamos la obligación estricta que tienen de respetar el DIH y otras normas humanitarias”, concluyó.