La pandemia agravó los obstáculos de mujeres y niñas para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo

Por: Daniela Mendoza

Este miércoles, a través de un encuentro virtual, diferentes organizaciones publicaron dos informes que dan cuenta de las dificultades que han enfrentado mujeres y niñas en Colombia en el marco de la pandemia para poder ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

El informe 'Barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el contexto de la pandemia por COVID-19' fue el resultado del trabajo de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres junto con la Fundación Oriéntame, Women's Link Worldwide, la Red Nacional de Mujeres y el Centro de Derechos Reproductivos.

En entrevista para la Agencia Anadolu, la asesora jurídica y de incidencia de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, María Isabel Niño Contreras, recordó que desde el año 2006, la Corte Constitucional despenalizó el aborto bajo tres circunstancias: (i) cuando la continuación del embarazo constituye un peligro para la vida o la salud integral de la mujer; (ii) cuando el feto es inviable fuera del útero y (iii) cuando el embarazo es producto de violación o incesto.

En este sentido, la abogada destacó que el informe se hizo partiendo del hecho de que el Ministerio de Salud afirma que la IVE es “un servicio de salud esencial que no podía suspenderse en medio de la pandemia”, sin embargo, en el informe se encontró que, a raíz de condiciones tanto preexistentes como nuevas, muchas mujeres enfrentaron obstáculos para poder acceder a este derecho.

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Con respecto a las barreras preexistentes a la pandemia, la abogada señaló que existe aún mucho desentendimiento de parte de los prestadores de salud ante el derecho de acceder a la IVE.

“Vimos que muchos prestadores de salud consideraron erróneamente que la interrupción voluntaria del embarazo no es un servicio de salud esencial durante la pandemia, que podía suspenderse, y por tanto, lo que hicieron en la práctica fue no priorizar su acceso, negar el agendamiento de citas para acceder a este procedimiento y en general lo que hicieron fue desatender todos los términos legales para dar respuesta y realizar este procedimiento”, aseveró.

De acuerdo con Niño Contreras, los prestadores en general desconocen lo que ha dicho la Corte Constitucional y el Ministerio de Salud y durante la pandemia lo continuaron haciendo, pero de una forma particular teniendo en cuenta lo que estaba sucediendo en este contexto.

En el informe se identificó además que durante la pandemia aparecieron nuevas barreras para el acceso a la IVE que afectaron a las mujeres que se encuentran en unos contextos de mayor vulnerabilidad, y que esas barreras estaban relacionadas directamente con las medidas que adoptó el Gobierno para mitigar los efectos de la pandemia.

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“Dado que el año pasado y parte de este estuvimos en confinamiento obligatorio, esto hizo que no hubiera intimidad en los hogares de las mujeres para que ellas pudieran libremente solicitar información sobre la IVE, y las mujeres, por miedo a que sus familiares, pareja o agresor se enteraran de que ellas iban a solicitar esta información, se abstuvieron de hacer llamados o de solicitar información al respecto”, explicó.

Otra barrera tiene que ver con las herramientas de comunicación, pues muchas mujeres que buscaban acceder a la IVE y no contaban con recursos digitales como teléfono o internet, no lograron o se les dificultó contactar a las entidades pertinentes en un contexto en el que muchos procedimientos requerían de la virtualidad.

“Finalmente, evidenciamos que las barreras de acceso para acceder a la IVE se volvieron más fuertes para las migrantes venezolanas, que sabemos que no solo enfrentan las mismas barreras de las mujeres colombianas, sino que se vuelven mucho más graves en relación con la situación migrante en la que se encuentran”, señaló la abogada.

El informe recoge también 111 casos de mujeres a los que la mesa le hizo acompañamiento, sobre mujeres, niñas y adolescentes que enfrentaron barreras de acceso a la IVE en el contexto de pandemia.

El informe subrayó que, de los casos a los que se hizo acompañamiento, 37 corresponden a migrantes venezolanas y nueve a mujeres pertenecientes a comunidades indígenas.

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El Senado de Argentina aprobó un proyecto de ley que legaliza el aborto

Activistas por el derecho al aborto celebraron cuando el Senado de Argentina aprobó un proyecto de ley que legaliza el aborto en el país, en las afueras del edificio del Congreso en Buenos Aires, Argentina, el 30 de diciembre de 2020.

En el informe, detalló Niño Contreras, se elaboraron algunas recomendaciones, en primer lugar, al Ministerio de Salud, para que adapte las rutas de atención en salud reproductiva de una forma específica que tenga en cuenta las restricciones y dificultades que produjo la pandemia para el sistema de salud, pero sobre todo para las mujeres y niñas, de modo que se debe tener en cuenta las circunstancias sociales y geográficas en las que se encuentran las mujeres.

Agregó que también sugirieron a los entes encargados de hacerle control y vigilancia al sistema de salud como la Superintendencia Nacional de Salud y las Secretarías de Salud departamentales y municipales a que ejerzan esas funciones de control y vigilancia que tienen frente a los actores del sistema de salud para la garantía de la IVE, que también es un servicio de salud y un derecho fundamental.

“También queremos hacer evidente que después de 15 años de despenalización parcial del aborto por la sentencia de la Corte Constitucional, las mujeres aún no pueden acceder a este servicio de salud y derecho fundamental en unas condiciones oportunas, seguras e iguales”, concluyó Niño Contreras.