El 24 de febrero de 1971, en el municipio de Toribío, Colombia, nació el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), una asociación de autoridades a la cual pertenece el 90% de los cabildos y comunidades indígenas de este departamento ubicado al sur del país.

En septiembre del mismo año se realizó en Tacueyó el segundo congreso del CRIC, en donde se definió el programa político de su plataforma de lucha: recuperar las tierras de los resguardos y ampliarlos, fortalecer los cabildos, no pagar terraje (renta que se paga por labrar una tierra), dar a conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación, defender la historia, la lengua y las costumbres propias y formar profesores nativos.

En congresos posteriores, la CRIC añadió otros puntos como robustecer las empresas económicas y comunitarias, defender los recursos naturales y ambientales de sus territorios y defender la familia.

Estos pilares constituyeron el cuerpo de este movimiento que retomó enseñanzas de líderes como La Gaitana, Juán Tama y Manuel Quintín Lame.

Hasta la fecha se han unido al CRIC más de 80 resguardos con ocho pueblos indígenas como los Nasa, Totoroes, Inganos y Guanacos, entre muchos otros.

En el marco de las celebraciones, la CRIC destacó que “las relaciones con el Gobierno nacional (…) a lo largo de estos cincuenta años de historia, han estado marcadas por una constante reivindicación de derechos indígenas que los distintos gobiernos, incluyendo el actual (de Iván Duque), se han negado a reconocer y a posibilitar de una manera efectiva, lo que ha llevado a constantes movilizaciones por parte de los pueblos indígenas y a la firma de acuerdos que los gobiernos incumplen sistemáticamente. Así mismo, en el actual Gobierno, se ha intensificado la violencia de los grupos armados en contra de las comunidades y líderes indígenas”.

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Más de 384.000 indígenas han sufrido afectaciones por las confrontaciones armadas y por la violencia perpetrada contra ellos, directa o indirectamente, por parte de grupos armados, según la Unidad de Víctimas.

Por su parte, los datos de la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) -cofundada por la CRIC- señalan que entre noviembre de 2016 y julio de 2017, posterior a la firma de los acuerdos entre el Gobierno y las antiguas Farc, ocurrieron 4.508 casos de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en territorios indígenas. Incluso antes, durante los diálogos, fueron asesinados cerca de 60 indígenas.

Según la Corte Constitucional y la ONIC, de los 115 pueblos indígenas en el país, 68 se encuentran en situación y riesgo de exterminio físico y cultural a causa, entre otras cosas, del conflicto armado interno y de las actividades económicas en sus territorios.

Cabe recordar que en octubre pasado, los miembros de la CRIC lideraron una minga que buscaba entablar una conversación con el presiente Duque para que se respetaran los derechos humanos y territoriales de sus comunidades.