La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado al Gobierno colombiano, este 7 de mayo, para que garantice "el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la protesta” durante las jornadas del paro nacional que vive el país desde el pasado 28 de abril.

“En relación con los acontecimientos ocurridos en la última semana en varias ciudades del país, donde han sido reportadas pérdidas de vidas humanas, incidentes de violencia y el uso desproporcionado de la fuerza en el marco de algunas de las movilizaciones sociales, el Sistema de Naciones Unidas en Colombia hace un llamado a que se garantice el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la protesta e insiste en que toda acción de la fuerza pública debe observar plenamente la protección por los derechos humanos”, dice el comunicado.

El organismo además aseguró que “el Acuerdo de Paz firmado en 2016 ofrece elementos para reglamentar estas garantías y fortalecer la participación ciudadana”, y refiriéndose a los actos de violencia registrados en los últimos 10 días exhortó “a la celeridad en los procesos investigativos, de judicialización y sanción”.

En efecto, la Constitución Política de Colombia, en su artículo número 37, declara: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”.

Sin embargo, en el Congreso todavía no han tramitado la ley que regula la protesta social en Colombia, la cual se encuentra desde hace varios meses en la Comisión Primera para su discusión.

“Es urgente reglamentar la protesta pacífica, es urgente que el Congreso de la República se pronuncie al respecto y que la Comisión Primera le dé trámite al proyecto que está radicado allí”, dijo Juan Diego Gómez, autor del proyecto de ley, a medios de comunicación locales.

La ONG Temblores denunció el jueves 6 de mayo que, desde el inicio de las protestas, se han registrado 1.728 casos de violencia policial, 37 fallecidos a causa de esta, 934 detenciones arbitrarias y 26 víctimas de agresión en sus ojos. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha registrado 24 muertes y 89 desaparecidos.

La ONU también “observa de manera positiva la invitación del Gobierno Nacional para la realización de diálogos con diferentes sectores y espera que estos se lleven a cabo de manera inclusiva y con vistas a obtener resultados concretos que puedan llevar a una solución pacífica a la actual coyuntura”.