La oficina de abogados del exjuez Baltasar Garzón, la International Legal Office for Cooperation and Development (ILOCAD), asumió este miércoles el caso de la defensa de Álex Saab, el empresario acusado por lavado de dinero y ser el presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La ILOCAD anunció en un comunicado que asumió la coordinación del equipo internacional de defensa de Saab y aseguró que “existen claros indicios de que se están vulnerando derechos fundamentales por parte del Gobierno estadounidense”.

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De esta manera, la oficina planea defender a Saab como una víctima de persecución política para presionar a Maduro teniendo en cuenta que el empresario “se ha visto perjudicado por una serie de irregularidades, tales como una clara falta de proporcionalidad en la acusación, la falta del derecho al debido proceso y las garantías procesales, en caso de ser extraditado a Estados Unidos”.

La oficina considera que el proceso legal será una “batalla política y jurídica” que “se extiende no solo contra Venezuela, sino contra otros países y personas, por lo que debe ser valorada y analizada con rigor a la luz de los estándares internacionales de los derechos humanos”.

El grupo de abogados mostró su oposición ante la posibilidad de que Saab fuera extraditado a Estados Unidos y sostuvo que, en caso de que dicha extradición se realice, “el señor Saab es susceptible de sufrir una situación de tortura o trato cruel, inhumano o degradante”.

Saab fue detenido en Cabo Verde el 12 de junio pasado cuando el avión privado en el que viajaba realizó una escala en dicho país para abastecerse de combustible.

En su momento, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, aseguró que “Saab se comprometió con los miembros del régimen de Maduro para dirigir una red de corrupción a gran escala que utilizaron de manera cruel para explotar a la población hambrienta de Venezuela”.

En el marco del programa estatal de alimentos Clap en Venezuela, Saab habría canalizado más de USD 350 millones a cuentas en el exterior.

El empresario barranquillero, de 46 años, acusado por los delitos de lavado dinero, tráfico de oro de Venezuela y corrupción al interior del programa Clap, tiene la opción de apelar la decisión de extradición por parte de Cabo Verde.

En tanto, el Gobierno de Nicolás Maduro exige la liberación del empresario colombiano.