A finales de enero de este año, salió una noticia en los medios: el megaproyecto eléctrico Hidroituango se inaugurará oficialmente el 1 de diciembre de 2018. Iniciada en 2010, se trata de una de las obras de infraestructura más grandes de Colombia que generará 13.900 megavatios/hora anuales y tendrá un costo de COP 11,4 billones (unos USD 3.900 millones).

Hidroituango fue uno de los casos más representativos expuestos durante el periodo 167 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tuvieron lugar en Bogotá, sobre protección de los defensores de derechos ambientales en la región andina.

Abusos de la fuerza pública, represión de las protestas, normas que impiden la participación de las comunidades en decisiones sobre sus territorios y la estigmatización de los defensores del medio ambiente, fueron algunas de las problemáticas comunes en los países andinos que relataron cuatro organizaciones de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú ante la CIDH.

Una de las defensoras que participó en las audiencias fue Isabel Cristina Zuleta, líder del Movimiento Ríos Vivos de Colombia, organización que lleva trabajando ocho años en la documentación sobre las violaciones de derechos humanos en los municipios afectados por la construcción de Hidroituango. Zuleta habló con la Agencia Anadolu sobre las amenazas al movimiento ambiental en el territorio de esta megaobra.

“Hidroituango se eligió como ejemplo en la audiencia para dar cuenta de todo lo que se vive en la zona andina: conflictividad armada, ejércitos privados contratados por empresas públicas, convenios de una empresa con las fuerzas militares, con Ejército y Policía”, sostuvo Zuleta.

El riesgo ambiental

Según Zuleta, “unas 400 familias fueron desalojadas” de la región debido a la tala de los bosques en la parte alta del cañón que bordea el río Cauca, a través de los 12 municipios del departamento de Antioquia que conforman el área de influencia de la hidroeléctrica.

“Lo que querían era no talar e inundar así. Eso es gravísimo: si inundan con la capa vegetal, se producen más gases de efecto invernadero, además olores terribles por la descomposición de la materia orgánica. La gente se marea, le da dolor de cabeza, vómitos, náuseas, intoxicaciones por esos gases”, explicó Zuleta.

En una audiencia solicitada a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) el pasado 25 de enero, la comunidad quería manifestar sus preocupaciones en torno al impacto en flora y fauna que el megaproyecto iba a tener sobre su territorio, cuando comenzara la inundación de la represa.

La audiencia se dio por terminada, según un comunicado de la ANLA, porque “los temas que se estaban tratando no hacían referencia a la modificación ambiental del proyecto”.

Zuleta afirma que, como consecuencia de la la suspensión, “más de 500 personas no pudieron hablar, ellos dicen que fue una audiencia legítima, para nosotros fue ilegítima”. Y agrega: “para ellos, invertir en temas ambientales es botar la plata, no tienen consideraciones de cambio climático, no les importa la fauna”.

Las amenazas a los líderes

Las protestas han resultado en amenazas para el movimiento ambiental, “en todo el cañón. En Ituango, donde hay muchos barequeros (mineros manuales), ellos fueron amenazados porque salieron a decirle a los topógrafos: "no hagan nada encima de nosotros que nos pueden matar, nosotros estamos abajo””, señaló la defensora.

Zuleta realizó estas denuncias ante la CIDH: “esto era lo que estábamos planteando en la audiencia: las armas no son solo los fusiles y las pistolas, también son las retroexcavadoras, las volquetas, los bulldozers, toda esa maquinaria que destruye las montañas”.

Una de las tesis que recalcó fue la responsabilidad de la empresa: “no solo se están violando los derechos humanos, sino que la empresa se está beneficiando de la violación de derechos. Cada que se vulnera un derecho, se asesina, se persigue, se hostiga, se criminaliza, se estigmatiza a un defensor del ambiente, la empresa se beneficia”.

En un informe publicado el 1 de marzo, la CIDH expresó que “la labor de defensa de los derechos humanos en los países de América se ha convertido en una tarea extremadamente peligrosa”.

“Ese defensor [amenazado] ya no va a hacer su oposición de la misma manera, porque va a tener miedo, como lo decía en la audiencia. La gente no va a querer salir a protestar. ¿Quién se beneficia? La empresa. La gente no quiere decirlo porque le da miedo”, agregó la defensora.

Las huellas del conflicto

Zuleta sostuvo que en el río Cauca y sus riberas “pueden estar los desaparecidos de gran parte de Colombia. Eso es lo que no nos quieren escuchar. Por eso también nos persiguen”.

Según cifras recopiladas por Ríos Vivos de diversas fuentes oficiales, en los municipios afectados por Hidroituango hubo 62 masacres y 372 víctimas mortales en el periodo entre 1986 y 2016. Las cifras de desaparición forzada son más disímiles, varían entre 621 y 643.

“La mayoría son muertos de la violencia del conflicto armado, de las masacres que han ocurrido en la zona. Esas personas fueron asesinadas aguas arriba (del río Cauca). Sin esos cuerpos que son testigos de lo que ha pasado, que son parte de una investigación penal, no va a haber cómo encontrar la verdad. Esos cuerpos tienen cosas que decir sobre lo que ha ocurrido en Colombia. En este país no se ha contado toda la verdad”, explicó Zuleta.

La defensora señaló que la comunidad le pidió a la empresa respetar la memoria de los muertos y los desaparecidos. “Ellos dijeron `nosotros que enterramos esos cuerpos, los ubicamos en relación al palo de mango, al árbol de allá que tiene tal seña. Si ustedes talan esos árboles, los vamos a perder, no los vamos a ubicar y ya nunca más vamos a poder desenterrarlos´”.

Por eso la comunidad le solicitó a la CIDH tomar medidas cautelares para evitar la inundación de la represa, “en el caso de la protección del territorio, para que no se pierda la verdad”.

Zuleta concluyó: “el caso de Hidroituango no solo es de los más graves en América Latina, sino que puede ser uno de los genocidios [más grandes] de toda una población para que se implemente un megaproyecto”.

En la audiencia de la CIDH con las organizaciones ambientales el pasado 26 de febrero no estaba convocado ningún representante del Estado colombiano para responder por estas denuncias, por ser Bogotá la sede del periodo 167 de sesiones.

En estas audiencias públicas por fuera de la sede de la Comisión en Washington, no se convoca a los representantes de los Estados sede.

Por su parte, Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó el pasado 6 de marzo que tres cementerios en la zona de influencia de la hidroeléctrica están siendo reubicados.

“Es un trabajo que no tiene nada que ver con situaciones de orden público; simplemente estamos atendiendo una solicitud que nos hizo la comunidad para que trasladáramos sus cementerios (…) en el marco del respeto de los sentimientos, tradición y duelo de las familias de estas poblaciones que fueron reasentadas para la construcción del embalse del proyecto Hidroeléctrico Ituango”, dijo a los medios Luis Javier Vélez Duque, vicepresidente de proyectos de Generación Energía de EPM.