La ley de seguridad no esclarece las violaciones militares a los DDHH en México

Luego de la aprobación y el decreto de la Ley de Seguridad Interior (LSI) en diciembre de 2017, la redacción de los artículos no solo advierte una militarización de la seguridad pública en México sino la violación a la máxima publicidad, la nula transparencia de las acciones militares y el acceso a los datos personales de los ciudadanos mexicanos.

De acuerdo con los especialistas en la materia, significa que con esta ley el Ejército mexicano se protege de manera anticipada para no rendirle cuentas de sus operaciones a las autoridades civiles y a la ciudadanía, incluso si son violatorias, y de solicitar sin límites.

Lo anterior generó preocupación el 15 de enero pasado al Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai), el órgano autónomo mexicano encargado de garantizar que los poderes públicos en México entreguen información.

“El Instituto reitera que el artículo 9º de LSI transgrede los principios de máxima publicidad, de temporalidad en la reserva y de progresividad, los cuales deben imperar para el ejercicio del derecho humano de acceso a la información”, apuntaron en un comunicado los comisionados y el consejo consultivo.

Por las implicaciones de la LSI, este viernes el Inai interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A ella se sumarán la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la de 43 senadores de la república de distintos partidos, excepto el Partido Revolucionario Institucional (PRI), del presidente Enrique Peña Nieto, responsable de la promoción y aprobación fast-track de la norma.

“Esos artículos van a obligar a instituciones democráticas a abrir información a los militares. El objetivo de la ley es no ventilar ni exhibir las órdenes de los altos mandos en una operación”, explica a la Agencia Anadolu el ex general brigadier Francisco Gallardo, un reconocido militar en el país por ser “preso de consciencia”.

Los riesgos de la LSI

La LSI contiene el artículo 9, que afecta el derecho de acceso a la información, y el 33 la autonomía de órganos que estarían obligados a entregar documentos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), incluyendo datos personales de los ciudadanos, si así lo requirieran, coinciden los especialistas.

Humberto Guerrero, coordinador de derechos humanos de la ONG Fundar, especializado en temas castrenses y transparencia, dice que el Ejército “no puede reservar anticipadamente la información. Se tiene que hacer caso por caso y atendiendo a criterios”.

Añade: “Pone en riesgo la autonomía de los órganos, incluso los datos personales y privacidad de las personas. Por esa razón, la CNDH e INAI decidieron que van a impugnar esta ley”. Guerrero pone dos ejemplos: los ciudadanos no podrán saber de despliegues militares o serán mermadas las investigaciones periodísticas.

“El Ejército va a poder pedir información sobre los casos de violaciones a derechos humanos, sobre la gente, la víctima. Esto es peligroso”, acusa Ixchel Cisneros, directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social A.C., que participa en el colectivo Seguridad Sin Guerra.

La ley quiere eludir el escrutinio de casos emblemáticos como el de las desapariciones forzadas de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, conocida como Ayotzinapa, suscitados el 26 y 27 de septiembre de 2014, según el ex general brigadier Gallardo.

Ayotzinapa: el expediente que los militares reservaron

La escuela de Ayotzinapa se encuentra ubicada en Tixtla de Guerrero, Guerrero, un estado donde históricamente el ejército realizó tácticas de contrainsurgencia en los años sesenta, la llamada “guerra sucia”.

Aquí han surgido líderes sociales espiados y perseguidos por el ejército. Son estudiantes labrados en el campo y bajo preceptos de “lucha social” en el tercer territorio más pobre del país, como lo indican las estadísticas oficiales.

En ese contexto, se formaron los 43 estudiantes normalistas desaparecidos por autoridades municipales y estatales en septiembre del 2014. Esa noche del crimen la monitoreó el ejército mediante acciones de inteligencia sin mover un solo dedo, según la prensa mexicana.

Omar García, normalista sobreviviente de ese capítulo, declara que si las Fuerzas Armadas “sin tener un marco legal hacían lo que querían, ahora con uno lo ejercerán a la quinta potencia”.

Pone como ejemplo la negativa de la Sedena ante la solicitud del Grupo Interdisciplinario de Expertos (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para entrevistar a los militares involucrados. No bastó que el caso resonó en todo el mundo.