La justicia japonesa absuelve de responsabilidad al Estado en el desastre nuclear de Fukushima

El Tribunal Supremo de Japón absolvió este viernes al Estado de cualquier responsabilidad en el desastre nuclear de Fukushima en 2011 que condujo a evacuaciones masivas, según informó la agencia de noticias japonesa Kyodo News.

De esta manera, el Gobierno nipón no deberá pagar daños y perjuicios en casos judiciales que involucran a unas 3.700 personas cuyas vidas se vieron gravemente afectadas por la catástrofe.

Se trata de la primera sentencia del Tribunal sobre el caso y comprende cuatro demandas presentadas en las prefecturas de Fukushima, Gunma, Chiba y Ehime.

Alrededor de 30 demandas de este tipo han sido presentadas en todo Japón por personas que tuvieron que evacuar sus hogares o cuyas vidas se vieron muy afectadas por el desastre.

El fallo deja a Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), el operador de la planta de energía nuclear paralizada Fukushima Daiichi, como el único responsable de poco más de 1.400 millones de yenes (aproximadamente USD 10,5 millones) en daños en las cuatro demandas.

El tribunal había responsabilizado a la empresa de servicios públicos en marzo por primera vez.

El veredicto refleja la opinión mayoritaria de tres de los cuatro jueces en el Tribunal y concluye que “era muy poco probable que el Gobierno hubiera podido evitar la inundación” de la planta, incluso si hubiera ejercido sus poderes regulatorios sobre TEPCO para tomar medidas preventivas, ya que la escala y la dirección final del tsunami diferían de las estimaciones.

El fallo marca un hito importante 11 años después de que un gran terremoto y el posterior tsunami provocaran el peor accidente nuclear del mundo desde el desastre de Chernóbil en 1986 e, inevitablemente, sentara un precedente para casos futuros.

Los demandantes y simpatizantes se reunieron frente al Tribunal en Tokio, donde expresaron su descontento por la decisión del Tribunal.

Los tribunales inferiores estaban divididos sobre el alcance de la responsabilidad del Estado por el desastre como regulador de TEPCO. De las cuatro demandas, los tribunales superiores habían declarado responsable al Estado en todos los menos el de Gunma.

El punto central de las cuatro demandas era si el Gobierno y TEPCO pudieron prever el enorme tsunami que golpeó la planta, ubicada en la orilla del mar, y tomar medidas preventivas de antemano, con afirmaciones contradictorias hechas por las partes respecto a la evaluación a largo plazo del Gobierno sobre terremotos que publicó en 2002.

La evaluación fue realizada por la unidad de promoción de la investigación de terremotos del Gobierno y predice un 20% de probabilidad de que ocurra un terremoto de magnitud 8 que provoque un tsunami a lo largo de la Fosa de Japón, en el Océano Pacífico, dentro de 30 años, incluida el área frente a Fukushima.

Basándose en esta evaluación, una subsidiaria de la compañía eléctrica había estimado en 2008 que un tsunami con olas de hasta 15,7 metros de altura podría golpear la planta de energía nuclear.

Los demandantes argumentaron que, por lo tanto, el desastre podría haber sido prevenible en el caso de que el Gobierno hubiera ejercido sus facultades regulatorias para ordenar a la empresa que tomara medidas preventivas contra las inundaciones de acuerdo con la evaluación.

No obstante, el Tribunal falló a favor de la afirmación del Gobierno de que el accidente no se podría haber evitado, incluso si TEPCO hubiera instalado diques en conformidad con las estimaciones, ya que la magnitud del terremoto fue mucho mayor que la supuesta en la evaluación.

El Tribunal no emitió una decisión sobre la confiabilidad y precisión de la propia evaluación del Gobierno, que también fue un punto de discusión durante el juicio.

Hasta el momento, los tribunales inferiores han emitido fallos sobre 23 de las aproximadamente 30 demandas por daños que buscan compensación del Estado y su empresa por el desastre desde 2013 y que incluyen a más de 12.000 demandantes.

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En 12 casos, los tribunales reconocieron que el Gobierno y la empresa de servicios públicos fueron negligentes a la hora de prepararse ante un tsunami similar al que golpeó la instalación siniestrada. En los otros 11, los tribunales ordenaron únicamente a la empresa pagar daños y perjuicios.

El desastre de Fukushima hizo que el Gobierno suspendiera las actividades de todas las plantas nucleares en el país, y los operadores de las plantas se vieron obligados a cumplir con los nuevos estándares de seguridad introducidos en 2013 antes de reiniciar los reactores.

De los 54 reactores nucleares que estaban en funcionamiento antes del desastre, solo 10 han reanudado sus operaciones bajo las reglas más estrictas, mientras que otros 21 están programados para ser desmantelados.