La justicia de Brasil absuelve a Lula da Silva por caso de corrupción en el sector automotriz
El expresidente, quien recuperó sus derechos políticos este año y será candidato en las elecciones presidenciales de 2022, era acusado de recibir sobornos para el financiamiento de las campañas electorales del Partido de los Trabajadores.

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La Justicia brasileña absolvió al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva de la acusación de corrupción pasiva con relación a la 'Operación Zelotes', en la que se investiga un presunto esquema de sobornos y fraudes en el sector de automóviles.
Este lunes 21 de junio, el juez federal Frederico Botelho de Barros Viana indicó que la denuncia carece de elementos que fundamenten "cualquier sentencia condenatoria en contra de los imputados".
"Es prudente y razonable pronunciar una sentencia de absolución incluso antes de que se presenten las alegaciones finales por parte de las defensas de los imputados, evitando mayores restricciones a la presunción legítima de su inocencia", dijo.
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En 2017, la Fiscalía acusó a Lula da Silva de favorecer durante su Gobierno a empresas del sector automotriz, a cambio de coimas y financiamiento a campañas electorales del Partido de los Trabajadores (PT).
La Justicia Federal de Brasilia absolvió a otros seis acusados, entre estos, al exministro Gilberto Carvalho.
El pasado 10 de marzo, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin anuló las condenas judiciales contra Lula da Silva por corrupción y lavado de activos, en el contexto de las investigaciones por la operación 'Lava Jato'. El 15 de abril, el STF confirmó el fallo de anulación (ocho votos a favor y tres en contra).
Por lo demás, el 23 de marzo la Segunda Sala del Supremo Tribunal Federal determinó que el exjuez Sergio Moro fue parcial en los procesos contra el expresidente. Por tres votos a favor y dos en contra, declaró que el exjuez actuó incorrectamente en los procesos judiciales por los que se condenó a prisión al exmandatario.
Moro condenó a Lula a 12 años y un mes de prisión el 5 de abril de 2018. El expresidente permaneció un año y siete meses privado de libertad, hasta que en noviembre de 2019 el STF declaró que su encarcelamiento era inconstitucional.