La Fiscalía de Colombia asumió la investigación de los ataques ocurridos el pasado jueves en la zona de Tumaco, Nariño, al suroeste del país, en los que murieron seis campesinos y 30 personas más resultaron heridas.

El Instituto de Medicina Legal informó que los disparos que recibieron las víctimas no fueron a corta distancia.

La entidad identificó a los fallecidos como Aldemar Gil Guachetá, de 25 años; Diego Escobar Dorado, de 31 años; Nelson Chacuendo Calambas, de 29 años; Janier Usperto Cortés Mairongo, de 26 años; Jaimen Guanga Pai, de 45 años; y Alfonso Taicús Taicús, de 32 años de edad.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, informó que envió un alto delegado de esa entidad a la zona, junto con 12 expertos en criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), para “establecer autorías y responsabilidades”.

Este viernes se dio a conocer que un grupo de campesinos había muerto, en hechos que aún no han sido del todo esclarecidos. 

Organizaciones sociales y habitantes de la zona aseguran que el Ejército abrió fuego contra los campesinos, luego de un supuesto enfrentamiento entre cultivadores de coca y la Fuerza Pública colombiana. 

La Fuerza Pública, por su parte, dijo que fue un grupo disidente de las Farc, liderado por alias 'Guacho', el que atacó a la Fuerza Pública. 

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo que "la versión que me dieron es que cuando comenzó la situación, se replegaron los miembros de la Fuerza Pública y, como están acostumbrados a esos hechos, se atrincheraron y respondieron el fuego. Entonces, estaban protegidos", dijo el mandatario. 

Varias investigaciones 

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, informó que envió un alto delegado de esa entidad a la zona, junto con 12 expertos en criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), para “establecer autorías y responsabilidades”.

Desde Tumaco, el vicepresidente colombiano, Óscar Naranjo, indicó que “hay evidencia de que un tal alias ‘Cachi’ está amenazando y presionado a comunidades en Tumaco. Desde hoy lo declaramos objetivo de alto valor”. 

El funcionario agregó que es prioridad neutralizar a alias ‘Guacho’, supuesto disidente de la antigua guerrilla de las Farc, y ofreció COP 150 millones (USD 51 mil) de recompensa “para someterlo a la ley y cerrarle el paso a sus amenazas a campesinos”.

Naranjo explicó que el Gobierno llevará a cabo una intervención integral en el casco urbano, debido a que hay “una violencia reprochable que contener”, fortalecerá la presencia institucional del Estado, luego de un compromiso con los 12 alcaldes del pacífico sur, y someterá “a la justicia de criminales y mafiosos, responsables de amenazas e intimidaciones”.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó los hechos y pidió esclarecer lo sucedido: “Ante la falta de claridad sobre los crímenes perpetrados, la Oficina urge a que se investigue lo ocurrido y a que se juzgue y sancione a sus responsables”.

La ONU alertó que las muertes se dan en un “contexto de problemas estructurales sumados a la falta de implementación del Acuerdo de Paz”, así como en medio de la “presencia limitada del Estado, altos niveles de pobreza, aparición de disidencias de las Farc e índices de violencia a niveles endémicos”.

La Oficina agregó que han explicado reiteradamente los riesgos que representa para las personas del Alto Mira y Frontera la “tensión generada entre la sustitución de cultivos ilícitos y la erradicación de los mismos en la zona, unida a la aparición de diferentes grupos interesados en las economías ilícitas”. 

La Defensoría del Pueblo envió una comisión a Tumaco para verificar las circunstancias que rodearon los hechos violentos y dar acompañamiento y representación a las víctimas, para que reciban la asistencia humanitaria y protección del Estado.

El Procurador de la Nación, Fernando Carrillo, informó que designó una comisión de alto nivel en la región para determinar los responsables y las acciones a emprender.