La Corte Suprema de EEUU permite a Trump revocar el estatus legal temporal de más de 500.000 inmigrantes
El estatus legal temporal otorgado a 532.000 personas de esos países se concedió bajo la administración Biden a partir de 2022 e incluyó el permiso para vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos.

HUOSTON, Texas
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este viernes que la administración Trump puede revocar el estatus legal temporal de más de 500.000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
El estatus legal temporal otorgado a 532.000 personas de esos países se concedió bajo la administración Biden a partir de 2022 e incluyó el permiso para vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos.
El llamado programa de libertad condicional CHNV (o programa de libertad condicional para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos) se implementó, en parte, para aliviar la oleada de inmigrantes que llegaban a la frontera entre Estados Unidos y México. Permitía a las personas que pasaban un control de seguridad entrar legalmente en Estados Unidos y permanecer allí durante dos años, siempre que contaran con un patrocinador que pudiera proporcionarles alojamiento.
Sin embargo, la Corte Suprema anuló la orden de un tribunal inferior que mantenía vigentes las protecciones de la libertad condicional humanitaria, y en un caso separado, el máximo tribunal del país también permitió al gobierno revocar el estatus legal temporal de otros 350.000 migrantes venezolanos.
La jueza federal de distrito Indira Talwani, del estado de Massachusetts, dictaminó inicialmente que la administración Trump no podía anular el estatus migratorio de cada persona sin una determinación individualizada.
La Corte Suprema discrepó, y aunque la orden del viernes no es definitiva, significa que las protecciones para más de medio millón de inmigrantes de esos cuatro países no se mantendrán vigentes mientras la demanda siga su curso.
Las juezas liberales Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor discreparon. Jackson escribió que la corte no tuvo en cuenta "las devastadoras consecuencias de permitir que el gobierno trastoque drásticamente las vidas y los medios de vida de casi medio millón de no ciudadanos mientras sus demandas legales están pendientes".
El caso ahora regresa al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de EEUU en Boston.
*Traducido por Daniel Gallego.
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