Desde la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre la economía catalana ha visto, en el lapso de tres semanas, el descenso del turismo y la huida de más de 700 empresas hacia el resto del territorio español.

El pasado jueves la exministra de Sanidad, María Trujillo, incendiaba las redes sociales con su mensaje para boicotear los productos catalanes. “Ayer nos sirvieron 12 botellas de Agua Fontvella. No volveremos a ese bar”, plasmaba en su tuit.

El mensaje, que hacía un llamado a no consumir productos catalanes, quedó eclipsado por la parodia: Fontvella no es una marca catalana.

Su mensaje no es algo puntual. La catalanofobia existe y lleva acrecentándose en los últimos años. Y ahora, con la declaración de la República, se ha convertido en un fenómeno imparable.

Sergi Blázquez es un politólogo y jurista afincado en Barcelona. En pocos años ha tramitado más de 300 querellas por catalanofobia.

“La catalanofobia no es algo nuevo. Lleva siglos produciéndose. Sin embargo, ahora las redes sociales y los medios de comunicación han hecho visible una realidad que se ha acrecentado de manera muy peligrosa en los último años”, explica Blázquez.

El jurista hace referencia al artículo 510 del Código Penal español, en el que se penan con hasta 4 años de cárcel los delitos de incitación al odio por cuestión de identidad. Blázquez todavía no ha visto cumplirse ninguna sentencia.

“Comenzamos a recibir denuncias tras el accidente de avión de German Wings, donde el piloto quiso suicidarse y llevarse con él a las 150 personas que viajaban en el avión. El vuelo salía de Barcelona y la gran mayoría de los fallecidos eran catalanes”, recuerda el jurista.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de odio hacia los catalanes, con frases como “Ojalá hubiesen sido más los catalanes que iban en ese avión” o “Han muerto catalanes, no personas”.

Llegaron después los atentados de Barcelona. Una furgoneta mataba a 12 personas en la céntrica calle de Las Ramblas.

Las redes volvieron a llenarse de odio. “Una pena que solo hayan sido 3 los catalanes muertos”, o “La furgoneta debería haber pasado por el Parlament y haberse cargado a toda la basura catalana”.

El rechazo también se encuentra en las gradas de los campos de fútbol. Cada vez que el Fútbol Club Barcelona gana un partido en el Camp Nou vuelve a repetirse la frase de “Ahora es cuando deberían poner una bomba en el estadio”. Lo mismo ocurrió el pasado 11 de septiembre, con la celebración de la Diada.

Blázquez ha presentado a la Fiscalía cientos de denuncias de odio que finalmente han sido archivadas. “Estamos hablando de un delito de odio penado en nuestro país con cuatro años de cárcel. Los mensajes no van dirigidos a una opción política sino a la mera nacionalidad. Al hecho de ser catalán”, esgrime el jurista.

La Fiscalía termina archivando las causas. Muchas veces porque se trata de cuentas anónimas y otras porque no consideran que sea un motivo de nacionalidad, ya que los catalanes son españoles.

“Los casos más graves que hemos recibido han sido los discursos de odio de partidos de extrema derecha con legitimidad política. Sin embargo, el fiscal decidió archivar la causa amparándose en la libertad de expresión”, concluye Blázquez.