Justicia transicional de Colombia imputa crímenes de lesa humanidad al antiguo Secretariado de las Farc-EP

Este jueves la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó al antiguo Secretariado de la guerrilla de las Farc crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, en el que anteriormente se denominaba Caso 01.

En una rueda de prensa, los magistrados Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre presentaron las razones por las cuales se les imputó estos delitos a los líderes de la guerrilla desmovilizada. De acuerdo con la Sala de Reconocimiento de la JEP, “privar a las personas de su libertad y condicionar su liberación, así como su bienestar, su integridad y su vida, fue un crimen de guerra, específicamente el de toma de rehenes. Como producto de este crimen, la Sala de Reconocimiento también les imputó a los antiguos miembros del Secretariado otros crímenes de guerra relacionados con el trato a los secuestrados, como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado”.

“Nosotros trabajamos bajo el estándar suficiente de la verdad, que evidencie las bases suficientes para entender la responsabilidad de los comparecientes. Aplicando ese estándar en este auto, que lo que ha investigado bajo el caso 001, (se entiende que el secuestro) no solo se trata de errores de los excombatientes o simplemente de necesidades de la guerra”, explicó el magistrado Cifuentes y agregó que dichos crímenes se analizaron bajo el derecho internacional humanitario.

Los imputados son Rodrigo Londoño Echeverry, líder político del partido Comunes; Jaime Alberto Parra; Milton de Jesús Toncel; Julián Gallo Cubillos, actual senador; Pablo Catatumbo, actual senador; Rodrigo Granda; Pastor Alape, y Juan Ermilo Cabrera, fallecido después de que el auto fuera firmado.

Los mismos hechos fueron crímenes de lesa humanidad cuando tuvieron la intención, y la implementaron, de atacar de manera sistemática y generalizada a la población civil en los lugares donde esa guerrilla hacía presencia. Entre estos, están las privaciones graves de la libertad, así como los homicidios, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamientos forzados que se dieron al tiempo con los secuestros.

La Sala encontró que las políticas a las que denominaban “retenciones”, y que se vincularon con diferentes privaciones a la libertad, se realizaron de manera sistemática y generalizada, y tuvieron su auge entre el periodo de 1998 y 2001.

Además, “se orientaron de forma generalizada a personas de todos los estratos sociales y en la práctica no distinguieron territorios, condiciones de género, edad o condiciones de vulnerabilidad especial. Los motivos fueron: para financiar a la organización armada, para forzar el intercambio por guerrilleros presos y para controlar a la población de los territorios castigándola por diversos motivos, investigándola por su presunta cercanía a los enemigos de la guerrilla o controlando la presencia y accionar de empresas y funcionarios públicos”.

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“Las necesidades de financiación y de control de territorio por parte de las Farc convirtieron a los seres humanos en mercancías y a veces a tratarlos como animales”, dijo el magistrado Cifuentes.

En total se han identificado 21.396 víctimas de secuestro por parte de las Farc-EP, de las cuales 79% fueron hombres; 21%, mujeres; 5%, niños, y 19%, mayores de 55 años. De ellos, 8,7% de las víctimas fueron desaparecidas y el 2,9% fueron asesinadas y luego entregaron el cuerpo.

Desde este momento, “los antiguos miembros del Secretariado de las extintas Farc-EP tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y conductas o rechazar las imputaciones hechas. Al terminar el periodo de 30 días hábiles, y recibir la respuesta de los comparecientes, la JEP decidirá si fija una fecha para una Audiencia de Reconocimiento, al considerar que hay reconocimiento y aporte a la verdad plena. Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP”, leyó la magistrada Lemaitre.

Si bien la magistrada aseguró que las sanciones las decidirá el Tribunal para la Paz, quienes no reconozcan su responsabilidad individual podrán ser condenados hasta a 20 años de cárcel.

Rodrigo Londoño, uno de los líderes guerrilleros desmovilizados imputados por el auto, publicó en su cuenta de Twitter que “siempre hemos reconocido el secuestro. En una carta pública lo asumimos de manera autocrítica como uno de los grandes errores que se cometieron en medio del conflicto. Desde allí se desprende nuestra posición”. De igual manera aseguró que “sobre el Auto que sacó la JEP vamos a estudiarlo antes de referirnos a él. Es un asunto muy serio al que debemos tratar con máximo de seriedad y respeto por las víctimas. Nos mantendremos firmes en nuestro compromiso con las víctimas a pesar de las dificultades e incumplimientos”.