El juez de distrito de Estados Unidos, Anthony Trenga, declaró inconstitucional una lista de vigilancia por terrorismo que fue creada después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

El juez federal dictaminó este miércoles que la Base de Datos de Detección de Terroristas no brinda a los estadounidenses nombrados en ella "una oportunidad adecuada para desafiar su condición de sospechosos potenciales de terrorismo", informó el Wall Street Journal (WSJ).

Una demanda fue presentada en la corte federal de Virginia en 2016 por el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR, por siglas en inglés) en nombre de casi dos docenas de estadounidenses que creen que están incluidos en la base de datos.

"No hay evidencia, ni argumento de que ninguno de estos criterios usados en la lista satisfaga la definición de 'terrorista'", aseguró Trenga.

La decisión del juez puede ser apelada en un tribunal superior.

"Los criterios arbitrarios de la lista de vigilancia han permitido al Gobierno atacar a los musulmanes por su fe y luego construir un mapa secreto de sus asociaciones", señaló Carolyn Homer, uno de los abogados litigantes de CAIR.

"Hoy, la vigilancia ilegal del Gobierno sobre la comunidad musulmana comenzó a reducirse", agregó Homer.

Sin embargo, según los abogados que representan al Gobierno, la lista de vigilancia "permite a las autoridades estadounidenses identificar terroristas conocidos y sospechosos que buscan abordar aviones, ingresar al país o participar en otra actividad potencialmente amenazante a la seguridad del país".

Creada en 2003, la Base de Datos de Detección de Terroristas contiene información de 1,2 millones de individuos, incluyendo 4.600 ciudadanos americanos, desde el 2017. La 'Lista de No Volar' es "un subconjunto más pequeño de la Base de Datos de Detección de Terroristas, que prohíbe a los que están incluidos en ella abordar un avión.

En 2015, el Departamento de Seguridad Nacional dio a los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes a quienes se les prohibió los vuelos por cuestiones de seguridad la oportunidad de impugnar la designación.

La medida se produjo en respuesta a una serie de demandas presentadas en nombre de estadounidenses a quienes se les negó la capacidad de abordar aviones porque terminaron en la lista, según WSJ.

Cerca de 18.000 agencias federales, estatales y locales de aplicación de la ley, más de 500 organizaciones privadas y más de 60 gobiernos extranjeros tienen acceso a la base de datos.

*Traducido por Juan Felipe Vélez Rojas.