Investigaciones indican que el presidente de Honduras llegó al poder con el dinero del narco y bajo el silencio de Trump

Por: Carmen Rodríguez

El nombre del “padrino” de una de las organizaciones del narcotráfico del Triángulo del Norte, que involucra a altos funcionarios del gobierno de Honduras, fue revelado esta semana por fiscales federales de la Corte del Distrito del Este de New York, en Estados Unidos.

Se trata del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, señalado por los fiscales de haber recibido sobornos, de estar detrás de actividades del narcotráfico y de conspirar para “meter droga en las narices de los gringos para inundar Estados Unidos con cocaína”.

Su hermano, el exdiputado Juan Antonio Hernández, fue declarado culpable en 2019 por sus vínculos y actividades relacionadas con el narcotráfico en la región centroamericana. “Tony” Hernández -según se estableció en el juicio- es el eslabón en la cadena de mando y protección de la organización delictiva.

Y aunque todos los documentos de los procesos en contra de “Tony”, de un jefe de la Policía hondureña y de un terrateniente del narcotráfico, hacen referencia al sujeto “CC-4” como el hermano de Hernández, fue hasta esta semana que se reveló que se trata del presidente hondureño.

Juan Orlando, el presidente, ha sido un aliado incondicional del presidente Donald Trump, en el Triángulo del Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala). El Departamento de Justicia declinó emitir comentarios a la Agencia Anadolu con respecto a los señalamientos hechos por los fiscales en contra de Hernández o del caso.

Estos señalamientos salen a la luz dos semanas antes de que Joe Biden asuma la presidencia de Estados Unidos. Biden ha adelantado que su Gobierno mantendrá una postura firme en contra de los gobiernos centroamericanos corruptos y especialmente en contra de los que tienen vínculos con el crimen organizado.

Ver también: La apuesta de EEUU para combatir la corrupción en El Salvador, Honduras y Guatemala en la era Biden

Además, las revelaciones se hacen dos semanas después que el Congreso estadounidense aprobara el “Omnibus Bill”, que incluye acciones específicas en contra de funcionarios de los gobiernos del Triángulo Norte vinculados o relacionados con el narcotráfico y la corrupción en la región.

De acuerdo con esta nueva normativa, el Departamento de Estado deberá elaborar y publicar en aproximadamente seis meses una lista con nombres de funcionarios corruptos que no han sido procesados o vinculados a procesos penales en sus países, pero que aparecen en investigaciones de las agencias de inteligencia estadounidense.

En 2017 el presidente Juan Orlando Hernández asumió su segundo mandato en medio de fuertes críticas y señalamientos de un “contundente fraude electoral” en Honduras. La misión internacional denunció entonces “irregularidades” en el proceso electoral.

Según los fiscales estadounidenses del caso, el mandatario y su hermano recibieron USD 1.000.000 del capo Joaquín “el Chapo” Guzmán, líder del Cartel de Sinaloa, en 2013, dinero que sirvió para asegurar la presidencia de Hernández. A cambio, los narcotraficantes recibieron protección por parte del Gobierno de Honduras.

Mientras las investigaciones continuaban y la DEA hacía la conexión entre los narcos y el presidente hondureño, Trump aparecía junto a Hernández para celebrar los acuerdos en los que Honduras se comprometía a recibir a todos los solicitantes de asilo rechazados por Estados Unidos.

En enero de 2020 Chad Wolf, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, fue a Honduras y se reunió con el presidente Hernández. Wolf dijo entonces que “Honduras es un socio valioso y prominente para los Estados Unidos en el manejo de la migración ilegal”.

La Oficina de la Presidencia de Honduras ha negado en reiteradas ocasiones las acusaciones y los señalamientos, asegurando que la indicación es una vendetta de los narcos para afectar la imagen y el trabajo del presidente Hernández.

Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía y de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en Honduras señalan que los hermanos Hernández recibieron entre 2004 y 2019 más de USD 2.500.000 para la campaña de diputados de ambos, para la campaña presidencial del expresidente hondureño Porfirio Lobo y para la campaña presidencial del actual presidente Juan Orlando Hernández.

Los Hernández fueron delatados

Geovanny Daniel Fuentes Ramírez es la pieza que reveló y confirmó, de acuerdo con los documentos judiciales, la participación del presidente Hernández, así como su jerarquía y la de su hermano “Tony”, en la organización criminal del narcotráfico. El hondureño fue presentado ante la Corte del Distrito del Este de New York el año pasado.

Fuentes Ramírez fue acusado formalmente en marzo de 2020 por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, por posesión de armas de fuego y dispositivos explosivos para uso y protección de actividades del narcotráfico; y por conspirar para la portación de armas de fuego y uso de dispositivos explosivos.

De acuerdo con las investigaciones, Fuentes Ramírez era el encargado de solicitar el apoyo económico al hermano del presidente; además, de reunir a los miembros de la policía que participaban en los operativos para transportar la droga o para dar seguridad a un laboratorio de cocaína construido y financiado por los hermanos Hernández en el municipio de Omoa.

Según los fiscales estadounidenses, con el apoyo de Fuentes Ramírez, “Tony” Hernández logró movilizar entre 300 y 500 kilos de cocaína, cada mes desde 2009 hasta 2019, con el respaldo y la venia del presidente Hernández. Fuentes Ramírez era también el que se encargaba de pagar sobornos a la policía y militares que apoyan los operativos del tráfico de droga o de protección al laboratorio.

Los documentos indican también que Fuentes Ramírez coordinaba con “Tony”, y una vez el presidente Hernández (referido en los documentos como “CC-4”) lo avalaba, se ejecutaban las acciones. En uno de los procesos, los fiscales aseguran que “Tony” recibió la bendición de su hermano, el presidente, y luego respaldó a Fuentes Ramírez para asesinar a por lo menos tres personas vinculadas con el grupo criminal.

Un mes después de la acusación en contra de Fuentes Ramírez, los fiscales presentaron una nueva acusación en contra del exjefe de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias “el tigre”.

El fiscal del caso, Geoffrey Berman, dijo que “el jefe de la Policía Nacional de Honduras abusó deliberadamente de su posición y jugó un papel clave en la conspiración violenta para el tráfico de drogas, a favor de “Tony” Hernández”.

La DEA señaló, además, que Bonilla Valladares “deliberadamente usó su alta posición para influenciar a otros policías, para proteger incluso con violencia a los miembros del grupo del narcotráfico que tenían conexiones políticas y para trasladar cocaína hacia Estados Unidos”.

Los documentos revelan que Bonilla Valladares, quien perteneció a la corporación policial desde 1985, también recibió “cientos de toneladas” de cargamentos de droga que llegaron a Honduras desde Colombia y Venezuela. La droga fue trasladada, bajo el comando de Bonilla Valladares, por todo el territorio hondureño hacia la frontera con Guatemala.

“En 2010 Hernández Alvarado (‘Tony’) y ‘CC-4’ (el presidente Juan Orlando) ayudaron a que Bonilla Valladares escalara en su posición en la Policía Nacional de Honduras. A cambio, Bonilla Valladares prometió protección para todas las actividades relacionadas al narcotráfico. Bonilla Valladares era un hombre de confianza de ‘Tony’ y ‘CC-4’, le asignaban tareas especiales, incluidos homicidios”, consta en los documentos del proceso.

El link con los narcos

En 2018, Juan Antonio “Tony” Hernández, el hermano del presidente, fue detenido en Miami, Florida. Un año después fue declarado culpable en la Corte Federal del Distrito del Este de New York de los cuatro cargos que los fiscales estadounidenses le imputaron: importación de cocaína, importación de armas de fuego, conspiración y falso testimonio en contra de Estados Unidos.

“Tony”, de 42 años, aún espera la sentencia que le impondrá la Corte. El exdiputado podría pasar desde 30 años hasta el resto de su vida en la cárcel. Según la investigación, coordinó el tráfico de 200.000 kilos de cocaína hacia Estados Unidos y “canalizó millones de dólares de la ganancia de la droga a las campañas del Partido Nacional de Honduras para impactar en las elecciones de 2009, 2013 y 2017”.

Las elecciones presidenciales señaladas en el caso, corresponden a las elecciones en las que su hermano, Juan Orlando Hernández, resultó ganador de las presidenciales de Honduras de 2009 y 2017.

Los documentos señalan, además, que “Tony” era el enlace clave entre los narcotraficantes de otros países, entre los políticos que apoyaron el narcotráfico y el mismo presidente Juan Orlando. Los investigadores destacaron que los capos del narco de Colombia y México, incluido “El Chapo” Guzmán, se entendían con el hermano del presidente.

A “Tony” Hernández, no solo lo vinculan en los casos de Fuentes Ramírez y Bonilla Valladares, el exjefe de la policía. Su nombre también relució en la investigación de la DEA contra miembros del Cártel del Atlántico, clasificado como una de las organizaciones criminales del narcotráfico más grandes de Honduras, que tuvo conexiones con políticos y altos mandos militares en la región.

Además, el exalcalde Alexander, “Chander”, Ardón y Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder del grupo de los narcos conocido en Honduras como “Los Cachiros”, condenados en Estados Unidos, también señalaron a “Tony” como el link o la llave entre los narcotraficantes hondureños y extranjeros, con el poder político y hasta con el presidente del país.

Pese a la extensa investigación y documentación en los casos de tráfico de drogas, en los que “Tony” el hermano del presidente, es señalado como pieza clave para el narco centroamericano, el gobierno del presidente Trump no se pronunció al respecto. Al contrario, el mismo Trump se encargó de destacar el apoyo del presidente hondureño en las acciones de la política migratoria de “cero tolerancia”.

En septiembre del año pasado, la Casa Blanca publicó una lista de 22 países, considerados como los principales productores y distribuidores de droga del hemisferio occidental. La lista está encabezada por Venezuela y señala al presidente Nicolás Maduro, como uno de los principales “´cómplices” del narcotráfico.

Sin embargo, la lista que también incluye a México y Colombia, no menciona ni los laboratorios encontrados en Honduras, ni los vínculos del presidente Juan Orlando, señalados por las investigaciones y los fiscales de la Corte de New York.