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Informe de la ONU señala que represalias del Gobierno bielorruso en 2020 violaron los derechos de miles de ciudadanos
El informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también apunta a que hay una situación de total impunidad en Bielorrusia.
Daniel Gallego |
09.03.2022 - Actualızacıón : 12.03.2022
Policía detienen a un manifestante en medio de las protestas tras el anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales en Minsk, Bielorrusia, el 10 de agosto de 2020. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, ganó un sexto mandato con más del 80% de los votos, lo cual desencadenó acusaciones de fraude por parte de sectores opositores. (Marina Serebryakova - Archivo Agencia Anadolu)
ESTAMBUL
Un informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), publicado este miércoles, concluye que “los derechos humanos fundamentales de decenas de miles de personas en Bielorrusia fueron violados”.
“La vida de innumerables personas se vio afectada negativamente por la continua represión del Gobierno contra los opositores, la sociedad civil, los periodistas y los abogados, sin que los perpetradores hayan rendido cuentas aún”, dice el informe.
El informe detalla los hallazgos de la evaluación del ACNUDH sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia y fue ordenado por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Esta revisión del informe cubre el periodo previo a las elecciones del 9 de agosto de 2020 y las secuelas hasta el 31 de diciembre de 2021, basándose en 145 entrevistas de primera mano, así como en el análisis de una amplia gama de información y pruebas.
Cuando el presidente en funciones declaró la victoria electoral el 9 de agosto, cientos de miles de bielorrusos se manifestaron para expresar su oposición de manera pacífica. Sin embargo, se encontraron con una “represión masiva y violenta”, según el informe, con arrestos y detenciones que alcanzaron una escala sin precedentes en Bielorrusia.Viole
De los testimonios recibidos se deduce que los arrestos fueron, en gran parte, aleatorios, y que las fuerzas de seguridad persiguieron y sometieron a cualquier persona a su alcance.
Además, hombres sin insignias y con pasamontañas participaron en la dispersión forzada de las protestas, “creando un clima de miedo y anarquía”, dice el informe.
El uso generalizado de la fuerza innecesaria y desproporcionada violó repetidamente los derechos de las personas, incluida la libertad de expresión, reunión y asociación.
En total, entre mayo de 2020 y mayo de 2021, al menos 37.000 personas fueron detenidas, muchas de ellas en detención administrativa de hasta 15 días. De este total, unas 13.500 personas fueron arrestadas y detenidas arbitrariamente entre el 9 y el 14 de agosto.
La información recopilada por la evaluación indica que la tortura y los malos tratos fueron generalizados y sistemáticos, y que las personas fueron seleccionadas por su oposición real o percibida hacia el Gobierno o hacia los resultados de las elecciones. Muchas víctimas temían presentar una denuncia, mientras que las que lo hicieron vieron cómo se desestimaban sus casos.
A finales de 2021, 969 personas permanecían en prisión, por lo que el ACNUDH tiene “motivos razonables para creer” que son cargos motivados políticamente, mientras que varias personas recibieron sentencias de 10 o más años en prisión. El 4 de marzo de 2022 esta cifra aumentó a 1.084.
Después de las elecciones, el Gobierno siguió hostigando a quienes intentaban ejercer sus derechos.
En septiembre de 2020, las autoridades comenzaron a presentar cargos contra figuras de la oposición, defensores de los derechos humanos, periodistas, abogados y ciudadanos comunes. Una tendencia que continuó a lo largo de 2021.
El Gobierno también aprobó una serie de reformas legislativas que limitó aún más el ejercicio de las libertades fundamentales.
Las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, así como los medios de comunicación independientes, continuaron siendo objeto de ataques.
En el pasado mes de octubre se habían cerrado 270 ONG, y a finales del año pasado 32 periodistas habían sido detenidos y 13 medios de comunicación declarados “extremistas”.
Los abogados que defendieron a disidentes y que denunciaron violaciones de derechos humanos o casos ante los mecanismos de derechos humanos de la ONU fueron detenidos, intimidados, enfrentados a sanciones disciplinarias o incluso inhabilitados. Hasta noviembre de 2021, 36 abogados habían perdido sus licencias.
Entre sus conclusiones, la evaluación del ACNUDH encontró que las personas fueron atacadas siguiendo “un patrón constante de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza, arrestos, detenciones, incluida la detención en régimen de incomunicación, tortura o malos tratos, violencia sexual y por motivos de género, así como la negación sistemática de un debido proceso y derecho a un juicio justo”.
El informe también concluye que “la escala y los patrones de las violaciones identificadas, su naturaleza generalizada y sistemática y la evidencia de la política oficial, el conocimiento y la dirección de su ejecución colectiva por parte de múltiples órganos del Estado requiere una evaluación más profunda de las evidencias disponible desde la perspectiva de las leyes aplicables y el derecho penal internacional”.
Este es particularmente el caso en relación con las detenciones masivas y arbitrarias llevadas a cabo del 9 al 14 de agosto de 2020.
Además, la falta de investigación efectiva de las violaciones de los derechos humanos contraviene las obligaciones de Bielorrusia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.
Así mismo, aparte de la falta de investigaciones, también hubo “una política activa para blindar a los perpetradores y evitar la rendición de cuentas, reflejada en el nivel de represalias, intimidación de las víctimas y testigos, ataques a abogados y defensores de derechos humanos”.
“El examen no solo pone al descubierto las violaciones infligidas a las personas que intentan ejercer sus derechos humanos fundamentales, sino que también destaca la incapacidad de las víctimas para acceder a la justicia”, dijo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
En este sentido, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, dijo que “las amplias y sostenidas acciones de las autoridades para aplastar la disidencia y reprimir a la sociedad civil, los medios independientes y los grupos de oposición, al mismo tiempo que protegen a los perpetradores, apuntan a una situación de total impunidad en Bielorrusia”.
El informe recomienda a Bielorrusia y a otros Estados trabajar para implementar la rendición de cuentas a través de los procesos legales disponibles por violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos en Bielorrusia.
El sitio web de la Agencia Anadolu contiene sólo una parte de las historias de noticias ofrecidas a los suscriptores en el Sistema de Difusión de AA News (HAS), y en forma resumida.
“La vida de innumerables personas se vio afectada negativamente por la continua represión del Gobierno contra los opositores, la sociedad civil, los periodistas y los abogados, sin que los perpetradores hayan rendido cuentas aún”, dice el informe.
El informe detalla los hallazgos de la evaluación del ACNUDH sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia y fue ordenado por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Esta revisión del informe cubre el periodo previo a las elecciones del 9 de agosto de 2020 y las secuelas hasta el 31 de diciembre de 2021, basándose en 145 entrevistas de primera mano, así como en el análisis de una amplia gama de información y pruebas.
Cuando el presidente en funciones declaró la victoria electoral el 9 de agosto, cientos de miles de bielorrusos se manifestaron para expresar su oposición de manera pacífica. Sin embargo, se encontraron con una “represión masiva y violenta”, según el informe, con arrestos y detenciones que alcanzaron una escala sin precedentes en Bielorrusia.Viole
De los testimonios recibidos se deduce que los arrestos fueron, en gran parte, aleatorios, y que las fuerzas de seguridad persiguieron y sometieron a cualquier persona a su alcance.
Además, hombres sin insignias y con pasamontañas participaron en la dispersión forzada de las protestas, “creando un clima de miedo y anarquía”, dice el informe.
El uso generalizado de la fuerza innecesaria y desproporcionada violó repetidamente los derechos de las personas, incluida la libertad de expresión, reunión y asociación.
En total, entre mayo de 2020 y mayo de 2021, al menos 37.000 personas fueron detenidas, muchas de ellas en detención administrativa de hasta 15 días. De este total, unas 13.500 personas fueron arrestadas y detenidas arbitrariamente entre el 9 y el 14 de agosto.
La información recopilada por la evaluación indica que la tortura y los malos tratos fueron generalizados y sistemáticos, y que las personas fueron seleccionadas por su oposición real o percibida hacia el Gobierno o hacia los resultados de las elecciones. Muchas víctimas temían presentar una denuncia, mientras que las que lo hicieron vieron cómo se desestimaban sus casos.
A finales de 2021, 969 personas permanecían en prisión, por lo que el ACNUDH tiene “motivos razonables para creer” que son cargos motivados políticamente, mientras que varias personas recibieron sentencias de 10 o más años en prisión. El 4 de marzo de 2022 esta cifra aumentó a 1.084.
Después de las elecciones, el Gobierno siguió hostigando a quienes intentaban ejercer sus derechos.
En septiembre de 2020, las autoridades comenzaron a presentar cargos contra figuras de la oposición, defensores de los derechos humanos, periodistas, abogados y ciudadanos comunes. Una tendencia que continuó a lo largo de 2021.
El Gobierno también aprobó una serie de reformas legislativas que limitó aún más el ejercicio de las libertades fundamentales.
Las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, así como los medios de comunicación independientes, continuaron siendo objeto de ataques.
En el pasado mes de octubre se habían cerrado 270 ONG, y a finales del año pasado 32 periodistas habían sido detenidos y 13 medios de comunicación declarados “extremistas”.
Los abogados que defendieron a disidentes y que denunciaron violaciones de derechos humanos o casos ante los mecanismos de derechos humanos de la ONU fueron detenidos, intimidados, enfrentados a sanciones disciplinarias o incluso inhabilitados. Hasta noviembre de 2021, 36 abogados habían perdido sus licencias.
Entre sus conclusiones, la evaluación del ACNUDH encontró que las personas fueron atacadas siguiendo “un patrón constante de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza, arrestos, detenciones, incluida la detención en régimen de incomunicación, tortura o malos tratos, violencia sexual y por motivos de género, así como la negación sistemática de un debido proceso y derecho a un juicio justo”.
El informe también concluye que “la escala y los patrones de las violaciones identificadas, su naturaleza generalizada y sistemática y la evidencia de la política oficial, el conocimiento y la dirección de su ejecución colectiva por parte de múltiples órganos del Estado requiere una evaluación más profunda de las evidencias disponible desde la perspectiva de las leyes aplicables y el derecho penal internacional”.
Este es particularmente el caso en relación con las detenciones masivas y arbitrarias llevadas a cabo del 9 al 14 de agosto de 2020.
Además, la falta de investigación efectiva de las violaciones de los derechos humanos contraviene las obligaciones de Bielorrusia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.
Así mismo, aparte de la falta de investigaciones, también hubo “una política activa para blindar a los perpetradores y evitar la rendición de cuentas, reflejada en el nivel de represalias, intimidación de las víctimas y testigos, ataques a abogados y defensores de derechos humanos”.
“El examen no solo pone al descubierto las violaciones infligidas a las personas que intentan ejercer sus derechos humanos fundamentales, sino que también destaca la incapacidad de las víctimas para acceder a la justicia”, dijo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
En este sentido, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, dijo que “las amplias y sostenidas acciones de las autoridades para aplastar la disidencia y reprimir a la sociedad civil, los medios independientes y los grupos de oposición, al mismo tiempo que protegen a los perpetradores, apuntan a una situación de total impunidad en Bielorrusia”.
El informe recomienda a Bielorrusia y a otros Estados trabajar para implementar la rendición de cuentas a través de los procesos legales disponibles por violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos en Bielorrusia.
El sitio web de la Agencia Anadolu contiene sólo una parte de las historias de noticias ofrecidas a los suscriptores en el Sistema de Difusión de AA News (HAS), y en forma resumida.
