Informe asegura que el genocidio contra los rohinyá no disminuye

La Organización Burmese Rohingya UK (BROUK) presentó un nuevo informe donde aseguró que "el genocidio contra los rohinyá no muestra signos de disminuir en Myanmar", a pesar de la orden del más alto tribunal de la ONU de proteger a la minoría musulmana.

"Desde el comienzo de 2021, al menos 15 rohinyá, incluidos nueve bebés y menores, han muerto como resultado directo de restricciones onerosas e ilegales de viaje que impiden el acceso a la atención médica", dijo el grupo de defensa de los derechos de los rohinyá.

La publicación del informe también ha coincidido con el deber de Myanmar de informar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre cómo está impidiendo actos genocidas contra la minoría musulmana rohinyá en el estado de Rakáin.

Myanmar debía presentar su informe periódico a la CIJ antes del 23 de mayo, ya que en enero de 2020 el tribunal impuso una orden judicial que exigía a las autoridades del país del sudeste asiático de mayoría budista "prevenir y detener los actos genocidas contra los rohinyá", por medio de "medidas provisionales”, y además ordenó presentar informes de seguimiento en un caso de genocidio iniciado por Gambia.

Desde el 25 de agosto de 2017, las fuerzas estatales de Myanmar han matado a casi 24.000 musulmanes rohinyá, mientras que más de 34.000 han sido arrojados al fuego, más de 114.000 golpeados, hasta 18.000 mujeres y niñas han sido violadas y al menos 115.000 hogares fueron incendiados, según un informe de la Agencia de Desarrollo Internacional de Ontario.

Pero la incertidumbre se cierne sobre el caso debido al golpe militar del 1 de febrero, que derrocó al Gobierno de Myanmar elegido democráticamente.

La defensora de Myanmar en el caso de la CIJ, la ex Consejera de Estado Aung San Suu Kyi, fue puesta bajo arresto domiciliario por el régimen militar y enfrenta hasta 26 años de prisión por una serie de cargos.

BROUK pidió a la comunidad internacional, al resaltar la crisis imperante en Myanmar, "que redoble sus esfuerzos para hacer que el Tatmadaw (Ejército de Myanmar) rinda cuentas por sus crímenes atroces".

El grupo defensor de derechos también instó al Gobierno de Unidad Nacional una nueva plataforma antigolpista, compuesta en su mayoría por legisladores derrocados en Myanmar, “a que apoye con todo su peso los esfuerzos de justicia internacional y presente su propio informe a la CIJ, explicando cómo acabará con la persecución contra los rohinyá".

“La brutal represión de los militares en Myanmar desde el golpe ha puesto de relieve una vez más lo crucial que es la justicia para nuestro país. Los mismos generales que lideraron la matanza de miles de rohinyá en el estado de Rakáin ahora están matando a tiros a manifestantes pacíficos en las calles”, dijo Tun Khin, director de BROUK.

Con respecto a la negligencia que ha prevalecido durante mucho tiempo con los rohinyá, tanto bajo regímenes civiles como militares, el informe afirmó que “las leyes y políticas (mantenían) a los rohinyá en una prisión al aire libre en el estado de Rakáin, donde se les niega la ciudadanía y la libertad de movimiento".

La organización añadió que el "el Gobierno civil anterior al golpe no tomó medidas significativas para cambiar esta situación".

“La CIJ debe emprender acciones para fortalecer las medidas provisionales contra Myanmar para garantizar que no terminen siendo una promesa en papel. La comunidad internacional debe brindar a la Corte todo su apoyo, política y prácticamente, para garantizar que esto suceda”, recomienda el informe.

Ver también: ¿Qué ha pasado en Myanmar luego del golpe de Estado?

Daniela Mendoza contribuyó con la redacción de esta nota.