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Human Rights Watch y la OEA rechazan la destitución de jueces de la Corte Suprema y del fiscal general en El Salvador

Esta fue la primera decisión de la recién posesionada Asamblea Legislativa, aliada al presidente Nayib Bukele quien aseguró que este tema “no es de la incumbencia” de la comunidad internacional.

Diego Camilo Carranza Jiménez  | 02.05.2021 - Actualızacıón : 03.05.2021
Human Rights Watch y la OEA rechazan la destitución de jueces de la Corte Suprema y del fiscal general en El Salvador El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro (izquierda), posesiona a los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en San Salvador, El Salvador, el 1 de mayo de 2021. (CRÉDITO OBLIGATORIO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DE EL SALVADOR)

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Human Rights Watch (HRW) y la Organización de Estados Americanos (OEA) criticaron la destitución en El Salvador de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del fiscal general, Raúl Melara, por parte de la nueva Asamblea Legislativa, aliada al presidente Nayib Bukele.

Estas decisiones se adoptaron con carácter urgente apenas unas horas después de instalarse el nuevo legislativo controlado por el oficialismo.

Los jueces destituidos, con 64 votos a favor, 19 en contra y uno ausente, son: José Armando Pineda, Aldo Cader Camilot, Carlos Avilés Velásquez, Carlos Sánchez Escobar y Marina Marenco de Torrento.

En su lugar, fueron elegidos Elsy Dueñas Lovo, José Ángel Pérez Chacón, Luis Javier Suárez Magaña, Héctor Nahum Martínez García y Óscar Alberto López Jerez, quien fue designado como presidente de la Sala Constitucional y la CSJ.

Tras conocerse la decisión de la primera sesión plenaria ordinaria de la Asamblea, un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ingresó y se tomó las instalaciones del órgano judicial. Los magistrados electos entraron al recinto escoltados por los agentes policiales.

La Sala de lo Constitucional declaró nula la destitución e inconstitucional por violar la “independencia judicial” establecida en la Constitución política salvadoreña.

Una hora más tarde empezó la discusión para la destitución y elección de un nuevo fiscal. También, con 64 votos a favor, el órgano legislativo destituyó a Melara, argumentando que no es idóneo para el cargo por vínculos con el partido opositor Arena.

“Es imprescindible que el pueblo salvadoreño sepa que es obligación del fiscal general de la República defender los derechos de los ciudadanos. Un fiscal no partidario es lo que este país necesita”, dijo Alexia Rivas, del partido oficialista Nuevas Ideas.

Ana Figueroa, del mismo movimiento, aseguró que “la población ha sido testigo que tenemos un fiscal partidario, por lo que cuando ocurre algo ligado a sus colegas, no los procesa”.

“Es nuestro deber despartidizar estas instituciones para que puedan cumplir con las funciones que la Constitución les otorga”, indicó.

La Asamblea eligió en reemplazo al abogado Rodolfo Antonio Delgado para el periodo comprendido del 2 de mayo de 2021 al 5 de enero de 2022.

“Es el momento de ordenar la casa y que las cosas empiecen a funcionar adecuadamente (…) “Se harán las correcciones necesarias y se dará continuidad a lo que esté funcionando adecuadamente”, dijo el nuevo fiscal.

Ver también: Toma posesión la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista 

José Miguel Vivando, director para las Américas de HRW, calificó estas decisiones como un “golpe total al Estado de derecho” y una “evidente alteración del orden constitucional”.

La OEA se sumó a las críticas y rechazó la destitución de los magistrados y del fiscal Melara “así como las acciones del Poder Ejecutivo que guiaron estas decisiones”.

La organización instó al Ejecutivo salvadoreño a considerar las observaciones y recomendaciones que hizo la Misión Especial de la OEA que visitó El Salvador, entre febrero y marzo pasados, y que destacan el cumplimiento de la Constitución y de las obligaciones constitucionales “para garantizar y preservar la democracia” en el país centroamericano.

El presidente Nayib Bukele se pronunció tras el rechazo de la comunidad internacional y aseguró que “eso no es de su incumbencia”.

“A nuestros amigos de la Comunidad Internacional: Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa...y eso no es de su incumbencia”, dijo el polémico mandatario en su cuenta de Twitter.

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