HRW: Gobierno de Colombia ha reaccionado 'lenta y deficientemente' en prevenir más de 400 asesinatos de líderes sociales
En un informe, la ONG Human Rights Watch documenta homicidios ocurridos en los últimos cinco años, así como las “graves deficiencias” en los esfuerzos gubernamentales para prevenir estos hechos.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. (Human Rights Watch - Archivo Agencia Anadolu)
BOGOTÁ, Colombia
Human Rights Watch (HRW) responsabilizó al Gobierno de Colombia por la reacción “lenta” y la “deficiencia” en la implementación de medidas para prevenir el alto número de asesinatos de líderes sociales en el país.
La ONG publicó un duro informe de 136 páginas este miércoles, titulado ‘Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: Asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia’.
En dicho documento, se documentan casos ocurridos en el país en los últimos cinco años, así como las “graves deficiencias en los esfuerzos gubernamentales para prevenir estos” hechos.
El informe cita cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), que señalan que desde 2016 han sido asesinados 421 líderes sociales y defensores de derechos humanos.
De ese total, se reportan 69 homicidios de líderes indígenas (aproximadamente el 16 % del total de los casos). En comparación, se estima que solo el 4,4 % de la población de Colombia es indígena.
Además, según la Oacnudh, 49 defensoras de derechos humanos han sido asesinadas desde entonces. Al mismo tiempo, menciona al menos tres casos de defensoras de derechos humanos que han sido violadas sexualmente.
El reporte menciona un aumento en el número de asesinatos cada año, de 41 en 2015 a 108 en 2019. También señala que en 2020 registró 53 casos y está trabajando para verificar otros 80.
El balance de la gestión de las autoridades colombianas de José Miguel Vivanco, director para las Américas de HWR, fue crudo: “En los últimos años, Colombia ha tenido el mayor número de defensores de derechos humanos asesinados en América Latina; mientras tanto, la respuesta del Gobierno ha estado más enfocada en elaborar discursos y anuncios que en adoptar medidas que tengan impacto en los territorios”.
Vivanco añadió que “el Gobierno del presidente Iván Duque condena frecuentemente estos homicidios, pero la mayoría de los programas gubernamentales para prevenir estos asesinatos apenas funcionan o tienen graves deficiencias”.
“La incapacidad de las autoridades para ejercer un control efectivo y establecer una presencia estatal civil significativa en muchas zonas anteriormente ocupadas por las Farc ha permitido en gran medida esta dinámica. El Gobierno ha desplegado militares en muchas zonas del país, pero no ha logrado fortalecer el sistema de justicia, mejorar la protección de la población ni asegurar un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas y a servicios públicos”, recalca el informe.
El documento precisa que los homicidios de líderes y defensores han aumentado desde la desmovilización de las Farc como parte del acuerdo de paz de 2016 y que otros grupos armados, como las llamadas ‘disidencias’, han llenado el vacío que dejó la antigua guerrilla y actualmente se disputan el control de los territorios, desarrollando actividades ilegales y ataques contra civiles.
Para elaborar el informe, HRW entrevistó a más de 130 personas en 20 de los 32 departamentos del país, incluidas autoridades judiciales, fiscales, defensores de derechos humanos y agentes de policía, y revisó la información proporcionada por múltiples agencias gubernamentales y ministerios.
Colombia y las antiguas Farc-EP llegaron a un acuerdo de paz en noviembre de 2016, poniendo fin a más de 50 años de conflicto entre las dos partes. Tras la desmovilización del grupo rebelde de izquierda, se estableció un brazo político de las Farc, rebautizado hoy como Comunes.
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