Michael Gabriel Hernandez,Vakkas Doğantekin
28 de agosto de 2020•Actualizar: 28 de agosto de 2020
El general golpista libio Jalifa Haftar alega inmunidad como presunto gobernante de Libia ante varias demandas civiles interpuestas en un tribunal de Estados Unidos que lo acusan de cometer atrocidades en masa.
Haftar es el comandante del autoproclamado Ejército Nacional Libio (LNA), en el este del país norafricano, que intenta derrocar al Gobierno libio, con sede en la capital Trípoli y reconocido internacionalmente.
Las demandas, presentadas en el estado de Virginia por los familiares de las víctimas, acusan a Haftar de cometer abusos graves contra los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y torturas llevadas a cabo por sus fuerzas durante el transcurso de la guerra civil en Libia.
Los demandantes exigen millones de dólares en compensación que podrían costearse de las propiedades de Haftar, quien ostenta la nacionalidad estadounidense tras residir durante años en Virginia con sus hijos Khalid y Saddam, luego de una disputa con el difunto gobernante de Libia, Muamar Gadafi.
Una de las demandas, presentada en febrero, alega que los hijos de Haftar compraron 17 propiedades en Virginia entre 2014 y 2017 por el valor de cerca de USD 8 millones, y los acusa de “ayudar e incitar” a los presuntos delitos de su padre después de que este los nombrara oficiales del LNA a su retorno a Libia en 2011 tras el asesinato de Gadafi.
“Desde que se hicieron cargo del LNA, los acusados han librado una guerra indiscriminada contra el pueblo libio”, dice la demanda de febrero.
El documento legal señala una serie de violaciones de derechos humanos perpetradas durante el curso de la “Operación Dignidad”, una ofensiva que Haftar lanzó en 2014 contra la ciudad de Bengasi, que presuntamente incluyó abusos contra los familiares de los demandantes, quienes sostienen que no pueden buscar reparaciones en una Libia devastada por la guerra.
En documentos judiciales presentados el 20 de agosto, el equipo de defensa de Haftar busca que se desestime el caso bajo la premisa de que su cliente tiene derecho a la inmunidad como jefe de Estado de Libia.
El equipo señala en particular una conversación telefónica que Haftar mantuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en abril de 2019, en la que la Casa Blanca dijo que Trump “reconoció el importante papel del mariscal Haftar en la lucha contra el terrorismo y la seguridad de los recursos petroleros de Libia”.
El argumento fue rechazado previamente en febrero por los demandantes, quienes dijeron que él no es el jefe de Estado de Libia, insistiendo en que este “no es reconocido como tal ni por el Gobierno de Libia ni por el Departamento de Estado de Estados Unidos”.
Al ser consultada por la Agencia Anadolu sobre la postura de la administración de Trump al respecto, una portavoz del Departamento de Estado que habló bajo condición de anonimato dijo que “no ha habido cambios en la postura de Estados Unidos a la hora de reconocer al Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) de Libia”.
"El Acuerdo Político Libio y sus instituciones asociadas, incluido el GNA, son el único marco reconocido internacionalmente para la gobernanza y la transición política en Libia, tal y como lo confirma el Consejo de Seguridad de la ONU", agregó la portavoz.
El equipo legal de Haftar además argumenta que los demandantes presentan un “asunto político” inadecuado para ser resuelto por tribunales y que sus clientes no recibieron una notificación adecuada de la demanda.
Kevin Carroll, uno de los abogados de los demandantes, dijo en un breve intercambio de correo electrónico con la Agencia Anadolu que “las familias de las víctimas esperan responder en el tribunal el próximo mes”.
*Traducido por Daniel Gallego.
