El gobierno español radicó este lunes ante el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entregó el documento a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para iniciar el trámite. La propuesta presentada prevé que se destinen el 57,31% del total del Presupuesto consolidado a gasto social, el mayor aumento desde 2010. Rubros como pensiones, salud, educación y vivienda, están entre los que más suben junto con las inversiones.

"Los #PGE2019 sitúan a la ciudadanía en el centro de la acción política. Son unas cuentas sociales que no dejan a nadie atrás. Nadie entendería que no se aprobasen estos #PGEparaUnPaísMejor. Es responsabilidad de todas las fuerzas políticas que España siga avanzando", dijo el presidente Pedro Sánchez en un mensaje desde su cuenta de Twitter, al hacer un llamado a las fuerzas políticas a darle el visto bueno al proyecto.

De acuerdo a La Moncloa (sede del gobierno), este plan presupuestal "fortalece a la clase media con la recuperación y ampliación de derechos; apuesta por los jóvenes a través de medidas para dignificar el empleo y el acceso a una vivienda y, además, protege a los colectivos más vulnerables al reforzar los servicios públicos esenciales con las mayores partidas de la democracia en pensiones, dependencia o becas".

Los presupuestos, que contemplan un incremento del techo de del Estado para 2019 del 4,4%, hasta los EUR 125.064 millones, apuestan por las políticas públicas al contener un gasto social que supone el 57% del total. De cada EUR 100, 42,1 irán a pensiones.

Entre las medidas que destacan están la ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas, con un impacto de EUR 825 millones y 190.000 familias beneficiarias; el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a EUR 900, un incremento del 22,3% y una partida de EUR 670 millones para combatir el desempleo juvenil.

También se "incrementan las partidas de becas en un 10%, hasta alcanzar el nivel más alto de la democracia, con EUR 1.620 millones y se habilita a las Comunidades Autónomas a reducir las tasas universitarias a niveles anteriores a las subidas de precios registradas en 2012", entre otras.

Asimismo se prevé una recaudación tributaria de EUR 227.356 millones, un 9,5% por encima de lo alcanzado en 2018, según las previsiones.

Otro de los puntos que se resaltan es el disparo en la inversión para la Comunidad Autónoma de Cataluña, de 18,5%, cinco puntos más que el año pasado. Es la región del país que más inversión recibe, con EUR 2.252 millones. Es un crecimiento del 66% respecto a la cantidad del 2018.

Las siguientes comunidades que más inversión reciben son Andalucía, con EUR 2.132 millones (17,5%), la Comunidad de Madrid (EUR 1.249 millones, o sea 10,3%), la Comunitat Valenciana (EUR 1.189 millones, 9,8%) y Castilla y León (EUR 1.094 millones, el 9%). No obstante, la partida para la Comunidad de Madrid es prácticamente igual a la del año anterior.

Para sufragar todas las políticas sociales los Presupuestos Madrid contempla un aumento de la recaudación tributaria del 9,5% "gracias a una política fiscal basada en una mayor redistribución de la riqueza". Algo que debe producirse mediante una mejora de los ingresos públicos que acerque a España a la media de la presión fiscal de la zona euro, de la que se encuentra siete puntos de PIB por debajo (34,5%, frente a 41,4%, respectivamente).

El ejecutivo español señala que se trata de unas cuentas públicas "realistas que se ajustan a las previsiones económicas" y cumplen con las reglas comunitarias de consolidación fiscal y reducción del déficit público. "Unos Presupuestos que garantizan que España crecerá en 2019 por encima de la media de la UE y continuará con la creación de empleo para sumar 800.000 puestos de trabajo entre 2018 y 2019, lo que permitirá reducir la tasa de paro este año al nivel más bajo desde 2008".

Con la radicación de la propuesta este lunes, comienza la tramitación en la Cámara Baja de unas cuentas públicas con las que el Gobierno de Sánchez "espera recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones". El Ejecutivo pidió "responsabilidad" a los partidos y les tendió la mano para negociar.