El Gobierno de coalición de Israel, encabezado por el primer ministro Naftalí Bennett, no pudo extender una controvertida ley conocida como "unificación familiar", que prohíbe a las familias palestinas que viven en Israel o en territorios ocupados reunirse, según informaron los medios locales este martes 6 de julio.

La sesión de la Knéset para extender la duración de la ley, que dificulta la reunión familiar de los matrimonios entre palestinos con ciudadanía israelí y palestinos en la ocupada Cisjordania o la bloqueada Franja de Gaza, comenzó la noche de este lunes y continuó hasta la mañana de este martes.

La extensión de la prohibición fracasó con solo 59 votos a favor de 120.

Dos miembros del partido Lista Árabe Unida, que pertenece a la coalición gobernante, se abstuvieron de votar, mientras que un miembro del partido Yamina, liderado por Bennett, votó en contra.

El partido de izquierda Meretz, también perteneciente a la coalición liderada por Bennett, y la Lista Árabe Unida, que representa a los palestinos israelíes, ya habían anunciado que no apoyarían la extensión de la ley.

La sesión se extendió debido a que los líderes de la coalición mantuvieron conversaciones para discutir sus diferencias en torno a la ley.

Después de las negociaciones, los socios de la coalición llegaron a un acuerdo de compromiso para extender la ley por seis meses en lugar de un año y otorgar la ciudadanía a 1.600 familias palestinas.

La coalición envió una nueva solicitud al presidente de la Knését en la que pedía una votación para extender el estatuto solo por seis meses.

Sin embargo, la oposición rechazó la propuesta al argumentar que la solución de la coalición viola la regularidad anual de la ley y prometió votar en contra para avergonzar al Gobierno de coalición.

Desde la adopción de la ley de unificación en 2003, la Knéset ha votado anualmente para extenderla.

Adalah, el Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel, indica que la ley impide la unificación familiar entre los palestinos que tienen la ciudadanía israelí y los ciudadanos palestinos que residen en Cisjordania y Gaza, además de aquellos de los países que Israel considera un "Estado enemigo", incluidos Siria, Líbano, Irak e Irán.

Miles de palestinos han sufrido como resultado de la ley, que según el Gobierno israelí fue promulgada por razones de seguridad. Los palestinos consideran la ley como "racista".

"Esta ley se considera una de las leyes más racistas del mundo, por lo que debería eliminarse de inmediato", dijo Adalah en una declaración escrita anteriormente.

"No hay un solo país en el mundo que opte por asentar y reunificar a los esposos y esposas de sus ciudadanos de acuerdo con su afiliación nacional o étnica, o clasificándolos como enemigos", cita el comunicado.

*Mahmoud Barakat y Aicha Sandoval Alaguna contribuyeron con la redacción de esta nota.