La Secretaría de Estado de Derechos Sociales de España reunió datos de las comunidades para sacar el primer informe sobre fallecidos por COVID-19 en residencias de servicios sociales.

Si bien la recolección de datos tiene “lagunas”, según la Secretaría, debido a que cada comunidad generó su propia información sin una guía específica del Gobierno central, los datos hallados permiten estimar que el número de fallecidos en las residencias sociales ronda los 20.268 entre comienzos de marzo y el 23 de junio, de los cuales 10.364 habrían sido testeados y 9.904 habrían muerto con síntomas relacionados al nuevo coronavirus.

En el informe hablan de 30 factores que constituyeron “la tormenta perfecta” para la alta tasa de mortalidad en estos centros, entre los que se encuentran su infraestructura (los espacios son compartidos), la sobreocupación, el estado de los sistemas de ventilación y la escasez de personal sanitario calificado o “bien informado” sobre la pandemia.

Frente al tema de los trabajadores sanitarios, el informe especifica que debido a la caótica coyuntura del inicio de la pandemia en la que, por miedo al contagio, muchas personas renunciaron, las residencias sociales se vieron obligadas a contratar personal “sin experiencia”. Ante esta situación, la Secretaría pide que se refuercen los planes de contingencia y que estos profesionales puedan contar con asistencia psicológica para lidiar con el estrés.

Debido a la vulnerabilidad de las personas mayores y de las personas con discapacidad, la Secretaría pide que se consideren la contención de escenarios negativos ante la segunda ola de contagios que vive el país, aunque solicita que el aislamiento entre los residentes de estos centros solo se haga cuando la situación sea “inevitable”, ya que el aislamiento puede afectar su salud mental de gran manera.

Las cifras fueron publicadas en primicia por el diario El País y todavía están pendientes más aportes de las comunidades y de los trabajadores sociales para su publicación.