El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia respondió con dureza al presidente argentino, Alberto Fernández, luego de que este se pronunciara sobre la crisis de orden público que vive el país desde el 28 de abril y lo acusó de “entrometerse” de manera “arbitraria”.

“Con preocupación observo la represión desatada ante las protestas sociales ocurridas en Colombia. Ruego porque el pueblo colombiano retome la paz social e insto a su Gobierno a que, en resguardo de los derechos humanos, cese la singular violencia institucional que se ha ejercido”, publicó Fernández en su cuenta oficial de Twitter en la noche del 6 de mayo.

Casi 12 horas después, la Cancillería respondió a este comentario con su propio hilo en Twitter: “(La) Cancillería, en nombre del Gobierno de Colombia, rechaza firmemente las declaraciones del presidente Alberto Fernández, que desconocen que miles de colombianos han tenido, conforme a nuestro Estado de Derecho, todas las garantías para ejercer la protesta pacífica a lo largo y ancho del país y que el Gobierno Nacional ha convocado y adelanta diálogos con todos los sectores del país”.

“La institucionalidad democrática colombiana protege los derechos constitucionales de los colombianos y no será desprestigiada por este tipo de pronunciamientos que, además de ser una intromisión arbitraria, buscan alimentar la polarización que no contribuye a la convivencia y al consenso”, agregó la Cancillería.

El Gobierno de Colombia ha sido duramente criticado en los últimos días por la comunidad internacional por el uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de las Fuerzas Armadas hacia los manifestantes, que se evidencia en varios videos grabados por la ciudadanía.

Entre quienes han rechazado este tipo de violencia, además del presidente argentino, se encuentran Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los congresistas estadounidenses Jim McGovern y Alexandria Ocasio-Cortez, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y el Departamento de Estado de EEUU, entre otros.

“La protesta social dentro del marco constitucional debe ser garantizada, pero como todos los derechos, no es absoluto. [...] Siempre que se ponga en riesgo la vida de un colombiano o sus bienes, la Fuerza Pública tiene que actuar. [...] Escuchaba alguien mencionar que el presidente no ha sido suficientemente claro en rechazar la brutalidad. Lo ha dicho una y otra vez y en su nombre aquí lo repito de manera clara y sin titubeos: este Gobierno no tolera el abuso policial, este Gobierno no tolera la extralimitación del uso de la fuerza”, aseguró el ministro del Interior colombiano, Daniel Palacios, durante una rueda de prensa el 5 de mayo.

De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, desde el inicio de las protestas se han reportado 24 muertos, mientras que la ONG Temblores asegura que los fallecidos a causa de la violencia policial ascienden a 37.

Por su parte, la Unidad de Búsqueda de Personas informó el jueves 6 de mayo que hay 379 desaparecidos desde el inicio del paro nacional, frente a los 89 reportados por la Defensoría, de los cuales, según la Policía Nacional, han sido hallados 47.