Gobierno colombiano responde a Corte Suprema sobre manejo de protestas y dice que 'seguirá enfrentando al vandalismo'

El Gobierno de Colombia respondió al histórico fallo que profirió este martes la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el que ordenó medidas para garantizar el derecho a la protesta pacífica en el país, tras los hechos disturbios y enfrentamientos ocurridos el 21 de noviembre de 2019.

En una declaración pública, el ministro de Defensa colombiano, Carlos Holmes Trujillo, defendió la actuación de la fuerza pública y aseguró que “la actuación del Esmad se produce exclusivamente ante las acciones violentas e irracionales que constituyen delito, atentan contra los derechos de las personas y no son manifestaciones pacíficas”.

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Acto seguido, el titular de Defensa informó que el Ejecutivo le solicitará “respetuosamente a la Corte Constitucional la selección para la revisión del fallo proferido” por la Sala de Casación Civil de la CSJ.

Hay que recordar que en el marco de las jornadas de protesta de noviembre pasado, las más intensas durante décadas en el país andino, murió el estudiante Dylan Cruz, de 18 años, por un disparo en la cabeza de un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad).

“El Gobierno Nacional seguirá enfrentando al vandalismo y todas las formas de violencia y terrorismo, como es su obligación constitucional”, dijo Trujillo, al tiempo que aseveró que “las actuaciones de integrantes de la fuerza pública que en el marco de la protesta violen la ley, son individualizadas y sancionadas por las autoridades competentes y sobre ellos debe caer todo el peso de la ley”.

El ministro subrayó que la Fuerza Pública colombiana, y en particular el Esmad, no incurren “institucionalmente en excesos” y que en los hechos ocurridos a partir del 21 de noviembre, “en los que pudo existir exceso por parte de la Fuerza Pública, corresponderían a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes, por inobservancia de la Constitución, la Ley, los reglamentos y protocolos”.

“Esos comportamientos individuales de algunos de sus integrantes, por inobservancia de la Constitución, la Ley, los reglamentos y protocolos, actualmente son objeto de investigaciones penales y disciplinarias por las autoridades competentes, quienes serán las llamadas a establecer, o no, la responsabilidad individual”, dijo.

En la víspera, la CSJ dio a conocer su decisión y ordenó una serie de medidas “para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva”.

“Tras evidenciar una problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó a las autoridades involucradas en el manejo de las movilizaciones sociales, adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva”, dijo la Sala de Casacion Civil del alto tribunal en un comunicado.

Entre las medidas que incluye la providencia, está la suspensión de las escopetas calibre 12 usadas por los miembros del Esmad, “la neutralidad del Gobierno Nacional –incluida la no estigmatización de quienes protestan–, la conformación de una ‘mesa de trabajo’ para reestructurar las directrices del uso de la fuerza y la presentación de disculpas del ministro de Defensa “por los excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre de 2019”.

El fallo de la CJS llega además en un momento de máxima tensión en el país andino, luego de intensas protestas contra los abusos y brutalidad policial que se tomaron varias ciudades, por el asesinato del abogado Javier Ordóñez durante un operativo policial, hechos que posteriormente dejaron otros 13 civiles muertos.