Este lunes el alto consejero para el Posconflicto en Colombia, Emilio Archila, presentó una estrategia dirigida a casi 7 millones de personas que habitan en los territorios más golpeados por la violencia y la ilegalidad en zonas rurales del país.

Según el gobierno, se trata de una “política de estabilización” que intervendrá las zonas donde vive el 24% de la población rural del país y el 57% de la población rural en situación de pobreza multidimensional. Fue llamada “Paz con Legalidad”.

“El firme propósito del gobierno es erradicar la violencia de los lugares que la han soportado durante décadas. Es un fenómeno que ha repercutido en todo el país, que ha trastornado la sociedad y se ha evidenciado en violación de los derechos humanos, asesinatos, narcotráfico y pobreza. Es un tema de justicia y de seguridad nacional”, dijo Archila.

El funcionario resaltó que el plan contempla que diversas entidades estatales trabajen de manera conjunta para lograr el desarrollo en esas zonas rurales. Entre las entidades que participan está el Sistema Nacional de Atención y Reparación integral a las Víctimas (Snariv); el Departamento de Prosperidad Social (DPS); la Alta Consejería para el Posconflicto, así como los departamentos y los municipios en las zonas en las que se anunciaron Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

La estrategia también estipula que se deben cumplir los planes de reincorporación de excombatientes de las Farc a la vida civil. Contempla diversas estrategias para darles a las personas que dejaron las armas y sus familias formación académica, capacitación práctica, apoyo en la búsqueda de empleo o creación de empresas, entre otros.

La política es amplia y ambiciosa. También tiene la meta de formalizar la tenencia de tierras en zonas rurales, crear alternativas legales para la resolución de conflictos en zonas alejadas de las ciudades y poner en marcha Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, entre otros objetivos.