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Global Witness registra que Colombia fue el país donde más defensores ambientales fueron asesinados en 2019

Esta ONG halló en su informe anual que en Colombia se presentaron 64 de los 212 asesinatos de defensores de la tierra y del medio ambiente que hubo el año pasado en el mundo.

Sergio García Hernández   | 29.07.2020
Global Witness registra que Colombia fue el país donde más defensores ambientales fueron asesinados en 2019 URIBIA, LA GUAJIRA - COLOMBIA, OCTUBRE 20: Las personas de varias áreas de La Guajira enfrentan dificultades debido a los altos volúmenes de basura con los que deben vivir todos los días en Uribia, La Guajira, Colombia el 20 de octubre de 2019. En este departamento contrasta la belleza y la magia de lugares como Cabo de la Vela con los kilómetros de basura que rodean ciudades como Maicao y Uribia, la contaminación es uno de los mayores problemas de la sociedad moderna y esta contaminación está afectando a una gran parte del mundo, incluida La Guajira, Colombia. (Juancho Torres - Agencia Anadolu)

BOGOTÁ, Colombia

Por: Sergio García Hernández

La organización no gubernamental Global Witness publicó este miércoles un informe en el que establece que Colombia fue el país con más defensores de la tierra y del medio ambiente asesinados durante 2019 en todo el mundo.

El documento de la ONG, que desde hace 25 años lidera campañas contra los conflictos y la corrupción relacionados con los recursos naturales, retrata que en Colombia sucedieron 64 de los 212 homicidios reportados el año pasado en el planeta, que acabaron con la vida de personas que buscaban frenar la destrucción de la naturaleza a causa de proyectos vinculados a actividades extractivas y de la agroindustria.

Ben Leather, activista senior de Global Witness, afirmó que los asesinatos de personas que defienden la tierra y el medioambiente en Colombia hacen parte de los efectos secundarios de las dificultades en torno a la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Estado y la guerrilla desmovilizada de las Farc en noviembre de 2016.

“Hay, al menos, una alta correlación entre las dificultades con su implementación y el alza abrupta de casos, que este año llegaron a 64 casos documentados por nuestra organización. Esta cifra, preocupante y dolorosa, da cuenta de cómo la confluencia de una crisis ambiental, política y social crea un clima hostil para quienes resisten desde sus lugares frente a proyectos empresariales y conflictos territoriales que afectan a sus comunidades y su porvenir”, indicó Leather a la Agencia Anadolu.

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Global Witness describe en su informe que los registros de Colombia son los más altos que se han identificado para un país en un solo año desde 2012, cuando se empezó a publicar su documento anual.

Uno de los hallazgos de la ONG fue que cerca de la mitad de los 64 asesinatos fueron perpetrados contra integrantes de comunidades indígenas, pese a que los pueblos originarios solo representan el 4,4% de la población colombiana.

Mediante su informe, la organización también menciona que el departamento del Cauca es uno de los lugares más peligrosos para liderar causas a favor de la tierra y el medioambiente, tras describir que un tercio de los asesinatos que sucedieron en Colombia se registraron en esa zona, ubicada al suroccidente del país.

“Los grupos organizados delictivos y paramilitares, muchos de los cuales se han apoderado de áreas anteriormente controladas por las Farc, son responsables de un alto porcentaje de los asesinatos que documentamos”, detalla el informe de la ONG.

Para la organización otra problemática en Colombia es la impunidad existente alrededor de los crímenes. “Los perpetradores pueden confiar en escapar de la justicia: se estima que el 89% de los asesinatos de defensores de derechos humanos no terminan en una condena”, lamentó.

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La ONG advirtió, además, que las dificultades en la implementación de los programas de sustitución de cultivos ilícitos que fueron pactados en el acuerdo de paz de 2016 han sido parte del desencadenamiento de al menos 14 asesinatos de defensores de la tierra y el medioambiente.

“A los productores de coca se les ofrecieron subvenciones para comenzar a cultivar alternativas como el cacao y el café. Pero estos programas de sustitución de cultivos se implementaron mal, debido a que muchos agricultores no recibieron sus pagos, lo que puso en duda el sustento de hasta 100 mil familias. Aquellos que apoyaron o participaron en los programas han sido amenazados por organizaciones criminales y paramilitares que aún invierten mucho en el tráfico de drogas”, explicó Global Witness.

La organización también expuso en su informe las amenazas que han recibido las defensoras ambientales Francia Márquez, líder afro, y Angélica Ortiz, defensora del pueblo Wayuu de La Guajira, quienes lideran en el país causas a favor de la protección de los territorios de sus comunidades tanto de la minería ilegal como de la explotación de carbón.

Entre las fuentes utilizadas por Global Witness para documentar su informe en Colombia se encuentran las organizaciones Programa Somos Defensores, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca (ACIN) y Fuerzas de Mujeres Wayuu.

A nivel global, la ONG mencionó que en América Latina más de la mitad de las muertes están relacionadas con comunidades afectadas por la minería y que Filipinas es el país donde existe un vínculo más estrecho entre los homicidios y la actividad minera, con un total de 16 personas asesinadas.

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La organización sostuvo, además, que la explotación forestal fue el sector al que se asoció el mayor aumento de asesinatos a nivel mundial desde 2018, al registrarse un incremento del 85% de ataques contra personas defensoras que se oponen a esa industria.

“La agroindustria y el petróleo, el gas y la minería aparecen como los principales detonantes de los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente. Al mismo tiempo, son las industrias que propician el cambio climático a través de la deforestación y el aumento de las emisiones de carbono”, concluyó Rachel Cox, encargada de campañas de Global Witness.

Ante esta situación, la ONG indicó que los defensores ambientales solo podrán cumplir con su activismo de manera segura cuando los Estados, las empresas y los inversores tomen medidas para abordar las causas del conflicto, salvaguardar los derechos de los defensores y garantizar la responsabilidad cuando se producen ataques.

A los gobiernos, en particular, Global Witness les recomendó resolver los reclamos de tierras pendientes y asegurar formalmente, incluso a través de medios legales, los derechos sobre terrenos de las comunidades y los pueblos indígenas.

Otras recomendaciones para revertir la situación incluyen la legitimación del papel de los defensores en las sociedades, la condena pública de cualquier amenaza y la judicialización de los responsables de ataques.

Detrás de Colombia en el lamentable registro de asesinatos de defensores de la tierra y el medioambiente de Global Witness se encuentra Filipinas, de donde la ONG tiene información de 43 homicidios.

A Colombia y Filipinas les siguen Brasil, con 24 asesinatos; México, con 18; Honduras, con 14; Guatemala, con 12; Venezuela, con ocho; India, con seis; Nicaragua, con cinco, e Indonesia, con tres.

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