El intento de la India de enjuiciar a los periodistas de Cachemira sugiere un “patrón de silenciar los informes independientes sobre la situación en la región de Jammu y Cachemira a través de la amenaza de sanciones penales”, señala un informe de tres relatores especiales de la ONU.

El informe, enviado al Gobierno indio el 12 de mayo, documentó los casos de tres periodistas de Cachemira que han sido detenidos en los últimos cinco meses bajo una ley antiterrorista que tiene India: Naseer Ganai, Gowhar Geelani y Masrat Zahra. Además, señalaron el caso del reportero Peerzada Ashiq, quien fue interrogado dos veces sobre sus historias periodísticas.

“Recordamos que la penalización de un periodista únicamente por ser crítico con el Gobierno o el sistema político adoptado por el Gobierno es incompatible con las obligaciones del Estado en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”, indica el informe.

El documento fue compartido en el sitio web de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) esta semana. En él participaron tres relatores de la ONU sobre la protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, la detención arbitraria y la situación de los defensores de los derechos humanos. Los expertos expresaron su preocupación por el “aparente desprecio por la prohibición de la interferencia ilegal y arbitraria en la vida privada de las personas” y privilegio periodístico.

Como ejemplos, citaron el caso de Ganai, cuya computadora portátil y teléfono “fueron examinados sin una orden judicial”, y Ashiq, a quien se le pidió que revelara la fuente de una de sus notas.

Los investigadores de la ONU dijeron que el amplio alcance de las leyes bajo las cuales los periodistas han sido acusados ​​los hizo “fácilmente susceptibles de abuso”.

Los expertos le recordaron al Gobierno indio sus obligaciones de “respetar y garantizar la libertad de arresto o detención arbitrarios y el derecho a la libertad de expresión en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”.

Nueva Delhi no respondió al informe dentro del período estipulado de 60 días que finalizó el 12 de julio, ni a otros tres enviados por los relatores de la ONU el 4 de mayo y el 27 de febrero de este año y el 16 de agosto de 2019.

En esos informes, los funcionarios de la ONU expresaron su preocupación por las denuncias de tortura, ejecuciones extrajudiciales, arrestos y el apagón de comunicaciones impuesto en la región de Jammu y Cachemira, en el extremo norte del país, administrada por la India después de que Nueva Delhi eliminara el estatus constitucional especial de la región en agosto pasado.

La región en disputa

Cachemira, una región del Himalaya de mayoría musulmana, está en manos de India y Pakistán en partes y reclamada por ambos en su totalidad. Una pequeña parte de Cachemira también está en manos de China.

Desde que se dividieron en 1947, Nueva Delhi e Islamabad han librado tres guerras, en 1948, 1965 y 1971, dos de ellas por Cachemira.

Además, en el glaciar Siachen, en el norte de Cachemira, las tropas indias y pakistaníes han luchado de manera intermitente desde 1984. En 2003 se produjo un alto el fuego.

Algunos grupos de Cachemira en Jammu y Cachemira han estado luchando contra el Gobierno indio por la independencia o por la unificación con el vecino Pakistán.

Según varias organizaciones de derechos humanos, miles de personas han muerto en el conflicto desde 1989.

Jammu y Cachemira, administrados por la India, han estado bajo un bloqueo durante casi un año, y grupos de derechos humanos acusan a la administración india de oprimir a la gente de la región en disputa, especialmente desde agosto pasado.

*Susana Noguera colaboró en la redacción de esta nota.