Anne Gueguen, representante permanente de Francia ante Naciones Unidas, pidió que se respete la independencia y el trabajo “sin injerencias” de la Justicia Especial para la Paz (JEP) en Colombia.

"La JEP tiene la responsabilidad de ofrecer garantías a todos los participantes en el marco del sistema de justicia, verdad y no repetición. Los magistrados deben poder realizar sus investigaciones con independencia y sin injerencias para garantizar justicia, dijo este miércoles la embajadora gala durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.

Gueguen afirmó que la aplicación del acuerdo de paz “histórico” entre el Gobierno de Colombia y las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ahora entra en una nueva fase, por lo que “después de la alternada política, ahora le corresponde al nuevo gobierno seguir adoptando los compromisos" que se pactaron.

Igualmente, aseguró que "la aplicación exitosa” del acuerdo dependerá de los logros que se alcancen de la reincorporación económica: “es fundamental movilizar a todos los servicios del Estado colombiano para ofrecerlos a los excombatientes".

Actualmente en Colombia hay una pugna entre la JEP y la Fiscalía General de la Nación. El pasado jueves Patricia Linares, presidenta de la JEP, pidió que se respete la autonomía e independencia de la jurisdicción especial luego de que la Fiscalía ordenara una inspección judicial a un proceso sobre secuestros de la exguerrilla ocurridos durante la confrontación armada en Colombia, y llamara a una entrevista a la presidenta de la Sala al frente de la investigación.

El Consejo de Seguridad escucha este miércoles el jefe de la Misión de Verificación en Colombia, Jean Arnault, quien presenta el informe trimestral sobre la implementación del acuerdo de paz con la exguerrilla y el funcionamiento de la misión en el país andino.

A finales de septiembre Arnault se reunió con el presidente colombiano Iván Duque, con quien abordaron el momento y dificultades que atraviesa el proceso, como la falta de recursos para garantizar los compromisos acordados con los exguerrilleros que se acogieron a los programas de desmovilización, desarme, y reincorporación.

Otros asuntos de preocupación para la ONU son los asesinatos de los líderes y activistas sociales, ambientales y defensores de derechos humanos, y los más de 200 exguerrilleros que aún están en prisión pendientes de que se resuelva su situación jurídica.