Guatemala necesita una “reforma integral” en su sistema jurídico, indicó este martes Diego García-Sayán, relator sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU.

El experto se refirió específicamente a la elección de magistrados de Altas Cortes y pidió que Guatemala adopte todas las medidas necesarias para garantizar un proceso independiente para su elección.

“El modelo de selección, a través de las Comisiones de Postulación, parece haber obstaculizado seriamente, una vez más, un proceso independiente, transparente y objetivo”, dijo García-Sayán.

El relator sugiere que se lleve a cabo una discusión y reflexión nacional con una amplia participación social para examinar el modelo de elección. El cambio debe incluir “una reforma integral del marco jurídico de selección y nombramiento de funcionarios del sistema de justicia, en conformidad con estándares internacionales de derechos humanos”.

Guatemala ha vivido una serie de protestas luego de que el presidente Jimmy Morales prohibiera el ingreso a su país del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el colombiano Iván Velásquez, al considerarlo una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública.

El 31 de agosto de 2019 Morales anunció que no se renovará el mandato de la Cicig. La medida del Gobierno se divulgó días después de que la Corte Suprema de Justicia de Guatemala enviara al Congreso de su país una solicitud de antejuicio contra Morales que se basa en una investigación de la Fiscalía General y la Cicig.

Morales además contrarió los mandatos de la Corte Constitucional que validó la permanencia de la Cicig. A pesar de decisión de la alta corte, el mandatario dio 24 horas a los miembros de la comisión para salir de Guatemala.

Desde esa decisión el gobierno de Morales ha tenido una tensa relación con las altas cortes y este martes un experto de la ONU señaló que el proceso de selección necesita un cambio profundo.

Muchos críticos del gobierno aseguraron que la decisión del presidente viola el convenio con Naciones Unidas e implica una ruptura del orden constitucional y democrático.